Miembros de la Federación del Extrarradio de Chiclana acudieron el pasado fin de semana a un encuentro en Córdoba, junto a otras asociaciones y colectivos de toda Andalucía, al objeto de solicitar, a través de la Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), un encuentro con la nueva responsable de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación de Vivienda, Marifrán Carazo.

La decisión, tomada en la asamblea de CALU (portavoz de los colectivos afectados) y celebrada en Córdoba el pasado sábado en el hotel Averroes, contó con participantes de las asociaciones de residentes en viviendas de Almería, Puerto de Santa María, Jaén, Sevilla, Chiclana, Márala y Córdoba, entre todos, "representantes de más de 200.000 andaluces que sufren este problema", aseguran, así como el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba y concejales del PP del Ayuntamiento de Córdoba.

Por parte de AUAN, colectivo almeriense que también asistió a la convocaría, se ha presentado ante la Consejería de Urbanismo una propuesta de moción a la LOUA para que tenga en cuenta la contratación de los servicios a las viviendas en suelo urbano no consolidado en Andalucía.

"La auténtica necesidad, de las más de 15.000 viviendas de Chiclana es dar una solución urgente a las familias que llevan más de 30 años sin servicios básicos, sin que se les permita ni siquiera conectar al agua potable, pese a que en muchos casos este agua corre por una tubería al pie de su parcela, siendo especialmente este un derecho humano ratificado en noviembre de 2017 en Cádiz durante las Jornadas sobre el Derecho Humano al Agua", argumentan desde la federación chiclanera recientemente constituida.