Los representantes de Por Chiclana Sí Se Puede (PCSSP) en el Consistorio hicieron ayer una valoración de lo que, a su juicio, es una postura inadmisible por parte de los responsables municipales sobre los desahucios que se llevaron a cabo la pasada semana en la ciudad.

En este sentido, Daniel Martín, portavoz de este grupo en la Corporación, y Luis Fernández, representante de la formación en el Consejo Local de Servicios Sociales, lamentaron que "es inadmisible que se permitan sucesos como los acontecidos en Chiclana el pasado miércoles, en una localidad que desde el pasado mes de febrero fue declarada en el Pleno 'Ciudad Libre de Desahucios', con el apoyo de los miembros del equipo de gobierno".

Asimismo, denunciaron que "a día de hoy, ninguna de las dos familias desalojadas han recibido apoyo alguno por parte municipal para interesarse por su situación y buscar soluciones a la misma, más allá de la ayuda que le han prestado vecinos y familiares para dar una respuesta de urgencia a su problema".

"Una de las declaraciones realizadas por parte de responsables municipales en relación con este asunto ha sido para afirmar que las familias afectadas por los desahucios no son de Chiclana, algo totalmente falso y que se puede calificar de xenófobo y chovinista -continuaron denunciando desde PCSSP, al tiempo que exigían al equipo de gobierno una rectificación al entender que- además de ser mentira dicha afirmación, ya que ambas familias son de la ciudad, se trata de un dato totalmente irrelevante y por el que exigimos una disculpa".

Por otra parte, los representantes del citado grupo municipal volvieron a incidir en las críticas al papel que tanto el propio alcalde, José María Román, como la delegada de Vivienda, Carmen Jiménez, han desempeñado en esta situación, pidiendo la dimisión de ambos al entender que "su gestión se limita a firmar convenios que tan sólo benefician al propio Ayuntamiento y a los bancos y dejan de lado a las familias, como se ha demostrado en los desahucios ejecutados la pasada semana, amparándose en que dichas decisiones estaban tomadas con anterioridad al convenio y en la imposibilidad de llevar a cabo medidas para evitarlas".

Según PCSSP, "es responsabilidad municipal articular las actuaciones necesarias para evitar este tipo de sucesos en una localidad declarada Ciudad Libre de Desahucios en lugar de vender humo y buscar titulares en prensa, tan sólo para beneficiar a los bancos".

En cuanto a la situación en la que se encontraban estas viviendas, la formación morada denunció que "una vez que la propietaria de estos inmuebles dejó de pagar por ellos, el banco ofreció a los arrendadores una cantidad ridícula para que se marcharan, 1.000 euros, y posteriormente les pidió 3.000 euros en concepto de atrasos para acceder a la posibilidad de un alquiler social y permanecer en los pisos", por lo que desde PCSSP se asegura que "juegan con la ignorancia y con el miedo de estas familias, a las que la necesidad les lleva a estas situaciones sin que el Consistorio haga nada para ayudarlas".

Por todo ello, Martín y Fernández expusieron las propuestas que desde su partido se llevan a cabo para poner solución a esta situación, entre las que enumeraron que se realoje en sendas viviendas con un alquiler social a ambas familias desahuciadas, que la ciudad se ponga al día en cuestión de VPO para poder dar respuesta a estas situaciones, que se mejore el convenio firmado hace unos meses con el Juzgado de la ciudad para que abarque este tipo de actuaciones y no se permitan en las condiciones que se han producido y ofrecer alquileres sociales acordes con la realidad económica de los destinatarios y no con ánimo de lucro.

Por ultimo, desde PCSSP también se ha pedido la información necesaria para conocer la situación en la que quedan las otras seis viviendas que se encuentran en parecidas circunstancias en dicho inmueble y se reclaman actuaciones eficaces para evitar que se repitan los sucesos del pasado miércoles.