El gobierno loca (PSOE-Ganemos) recuerda que ha solicitado al Consorcio Bahía de Cádiz que los vecinos y empresarios de la ciudad no tengan que afrontar la tasa consorcial de basura de 2016, cuyas propuestas de liquidación fueron enviadas semanas atrás. De esta manera, responde a los empresarios de Chiclana que han reclamado medidas al Consistorio chiclanero en relación con el pago de dichas tasa de basura.

En este sentido, el delegado municipal de Hacienda, Joaquín Guerrero, señala que “en primer lugar, debemos recordar que en 2014 fue el PP en el Ayuntamiento y en Diputación el que aprobó una tasa consorcial de basura para la prestación del servicio de transferencia, transporte y tratamiento de los residuos municipales, con la que pretendía que los chiclaneros y chiclaneras pagaran de su bolsillo la tasa de basura, al igual que los vecinos de las localidades de San Fernando y Puerto Real”, añadiendo que “este equipo de gobierno local “sigue manteniendo el mismo posicionamiento que en 2014 tenía el grupo municipal del PSOE, es decir, en contra de esta tasa consorcial, por lo que pedimos que dé marcha atrás, y de hecho desde el Consorcio nos aseguran que se ha paralizado el proceso, y se declare nula el acuerdo sobre esta tasa”.

Así, Guerrero indica que “tal y como ya le hemos trasladado en varias ocasiones a los empresarios, entre ellas, al finalizar el último acto con motivo del 30 aniversario de la Asociación de Empresarios, que se celebró en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal a finales de noviembre, desde el Ayuntamiento de Chiclana hemos solicitado formalmente la paralización del proceso y de la emisión de recibos, a la vez que vamos a insistir en que se acepte el acuerdo propuesto para compensar las deudas”, incide el responsable del área, quien añade que “no nos conformamos con ello, sino que también hemos planteado la nulidad del procedimiento y del acuerdo adoptado por el Consorcio, ya que en 2014, momento de la aprobación de la tasa por los gobiernos local y provincial del PP, los estatutos del Consorcio Bahía de Cádiz no tenían recogidas las competencias tributaria, financiera y recaudatoria para poder cumplir esa ordenanza”.