La sentencia del juzgado Contencioso Administrativo número uno de Cádiz contra los acuerdos plenarios para la municipalización de 160 trabajadoras ha supuesto un varapalo para el gobierno municipal (PSOE-Ganemos) que ha apostado por esta fórmula desde el comienzo del periodo corporativo, con el apoyo de los grupos de Izquierda Unida y PCSSP (Por Chiclana Sí Se Puede).

Dicha resolución judicial ha causado inquietud e incertidumbre entre las empleadas de la limpieza de edificios públicos y de ayuda a domicilio, colectivos que han sido asumidos por la empresa municipal Emsisa a raíz de la municipalización de servicios externos.

El gobierno municipal no quiso adelantar en la jornada de ayer ninguna declaración con respecto a la referida sentencia judicial ni tampoco desde IU a la espera de la reunión del consejo de Emsisa que se celebró ayer y del encuentro con representantes de las trabajadoras afectadas.

No obstante, el alcalde, José María Román (PSOE), avanzó que la intención del Ayuntamiento es la de recurrir el fallo judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una opción en la que se confía obtener resultados favorables y, en cualquier caso, daría tiempo para buscar una salida a las trabajadoras municipalizadas.

Cabe recordar que la Subdelegación del Gobierno en Cádiz recurrió el acuerdo plenario del 27 de marzo de 2017 en el que Emsisa asumía a 80 empleadas de la limpieza de edificios públicos y otras tantas de ayuda a domicilio. Así, el juzgado le ha dado la razón porque, según detalló el PP, se incumplía la Ley de Presupuestos Generales del Estado, "algo que dijimos una y otra vez y que se quiso pasar por alto. La ley habla de cómo los ayuntamientos y las administraciones públicas podían contratar más personal. Es lo que se conoce como la tasa de reposición de efectivos, y que deja claro que no se puede contratar a nadie más allá de la reposición propiamente dicha".

Asimismo, el portavoz y alcaldable del PP en Chiclana, Andrés Núñez, incidía en que la sentencia dejaba a 160 familias expuestas a que perdieran su puesto de trabajo.

Al respecto, el alcalde salió ayer al paso de estas declaraciones y aseguro que "no hay futuro laboral en peligro" para las empleadas afectadas por la sentencia contra la municipalización. Román destacó que este asunto se pone en manos de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, así como de las trabajadoras, para plantear la mejor estrategia posible para salir airoso de esta problemática.