La historia del 'caso Coto San José' sigue deparando más capítulos conforme salen a relucir nuevos documentos, bien sean de origen judicial o, como en este caso, de la propia Gerencia Municipal de Urbanismo. El último de estos capítulos se remonta al año 2002 y tiene como protagonista al anterior equipo de gobierno, por cuanto éste llegó incluso a denunciar el incumplimiento del convenio al no haber recibido, en la fecha indicada, las dos parcelas contempladas en la estipulación cuarta del correspondiente documento.

El PSOE llegó a remitir a los promotores sendas cartas certificadas, con acuse de recibo, en las que daba por resueltos estos convenios por incumplimiento, sin concesión de nuevo plazo.

Sin embargo, y a pesar de ello, al final el anterior equipo de gobierno no sólo mantuvo en pie los citados convenios denunciados fechas antes por incumplimiento, sino que también acabó aprobando el Plan Parcial de Coto San José II-A, aunque para ello llegó a incurrir en una presunta irregularidad por haber aceptado una de las parcelas embargadas. Asimismo, también aprobó, de manera inicial, el Plan Parcial de Coto San José II-B.

En la primera de las cartas, el entonces gerente de Urbanismo, Alfonso López Almagro advertía, siete meses después de la aprobación del convenio, que aún no se había cedido gratuitamente la parcela en cuestión. En cuanto a la segunda carta, firmada por el entonces delegado de Urbanismo, Juan Luis Belizón, se advierte del "absoluto incumplimiento de los términos del convenio", al tiempo que informa del inicio de acciones judiciales.

Esta nueva documentación, a la que ha tenido acceso Diario de Cádiz, ha permitido abrir nuevos frentes a Cortega, una de las empresas que posee los derechos de embargo sobre una de las parcelas en cuestión. De momento, su letrado, José Antonio Gamero, ha mostrado su intención de llegar hasta el Contencioso, ya que entiende que estos documentos avalan lo que, hasta la fecha, el Ayuntamiento había venido negándole por silencio administrativo. Cabe recordar que la opción de acudir al Contencioso se produce cuando se pretende recurrir, por ejemplo, contra una decisión de la administración pública.

Paradójicamente, la decisión de Cortega puede conllevar a que el Ayuntamiento se convierta ahora en beneficiario de la situación si se resuelve favorablemente para los intereses de la empresa. Dicho de otra forma, lo que antes no consiguió el anterior equipo de gobierno (liberar del embargo la parcela) lo puede lograr ahora Cortega, recibiendo de paso el Ayuntamiento incluso una indemnización, que sería pagada por los promotores.

La nueva vía judicial que ahora va a abrir Cortega puede deparar dos consecuencias.

Por una parte, y en lo que concierne estrictamente a Coto San José II-A, si la Justicia otorgara la razón a Cortega, ésta sería de carácter indemnizatorio debido a que la mayoría de viviendas están ya concluidas y el TSJA se ha mostrado contrario ya en varias ocasiones a demoler casas finalizadas cuando han sido construidas con licencia de obras, aunque se declare ilegal.

En este caso, el Ayuntamiento podría beneficiarse de una indemnización de los promotores al no haber recibido libre de cargas la citada parcela. Con ese dinero podría levantar el embargo de la parcela, con lo que, de paso, Cortega, cobraría las cantidades que se le adeudan y pondría fin al proceso judicial. A partir de entonces, las viviendas que ya están finalizadas a la espera de ser entregadas podrían recibir la licencia definitiva de primera ocupación, documento que actualmente se encuentra en suspenso.

Por lo que respecta a Coto San José II-B, habría que reconsiderar el planeamiento, renegociando de nuevo con los promotores, una actuación de la que se muestra partidario el actual gobierno municipal cuatripartito. Prueba de ello es que, pese a los meses transcurridos, el Plan Parcial de Coto San José II-B, donde también se contemplan 110 viviendas y espacio comercial, sigue sin ser aprobado.