El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz ha dictado dos nuevas sentencias contrarias a los intereses del anterior equipo de gobierno socialista, en ambos casos tras sendas denuncias presentadas por el Partido Popular, formación que durante la anterior legislatura entendía que el PSOE había vulnerado, en determinados casos, el derecho a la información municipal que tienen los partidos de la oposición. Estas dos nuevas sentencias, consideradas estimatorias, se unen a las otras tres dictadas con anterioridad por motivos similares, de las cuales dos de ellas también resultaron favorables al PP, mientras que en la otra el Juez entendía que le asistía el derecho a la información, pero no en la forma solicitada.

Las dos últimas sentencias, que fueron notificadas el pasado día 8 y que ayer salieron a la luz pública, están referidas, por una parte, a una solicitud de información en materia urbanística y, por otra, a una petición del PP para que se le facilitara una relación de las asociaciones vecinales, culturales y deportivas de la localidad.

En el primer caso, el Partido Popular había reclamado al PSOE que le facilitara la relación de sanciones urbanísticas tramitadas durante los años 2003 a 2006, así como el número de expedientes que se habían remitido al servicio de recaudación municipal y cuántas de ellas habían sido abonadas.

Según explicó ayer la edil del Partido Popular, Teresa Ruiz-Sillero, "solicitamos en su día esa información porque teníamos la sospecha de que el PSOE estaba cerrando los ojos al problema de la construcción ilegal al no estar tramitándose expendientes ni cobrándose sanciones, algo que sí está haciendo este nuevo equipo de gobierno".

En la citada sentencia, según mostró ayer la edil popular, se señala que no existía constancia de la realización de trabajos para la elaboración de la respuesta solicitada por el Partido Popular.

Curiosamente, el resultado de esta sentencia va a obligar a la Gerencia Municipal de Urbanismo, ahora dirigida por el edil de Izquierda Unida, José Pedro Butrón, a facilitar esta información en el plazo de 20 días, tiempo máximo fijado para la ejecución de la citada sentencia.

Con respecto a la segunda sentencia, el Juzgado reconoce que se vulneró también en este caso el derecho a la información, si bien aclara que durante el transcurso de este proceso, y por tanto antes de dictarse el fallo, el equipo de gobierno socialista facilitó el listado requerido.

Ruiz-Sillero aclara, no obstante, que dicho listado "estaba totalmente desfasado, por cuanto incluía números de teléfono que no se correspondían, además de aparecer presidentes que todo el mundo sabía que ya no estaban ejerciendo como tales en esas asociaciones".

Por otra parte, el PP también desveló ayer la pérdida de una subvención de 22.500 euros que iba a estar destinada a la colocación de la señalización turística comprendida entre el centro y la costa y que, casi con toda seguridad, habrá de devolverse debido a que el anterior equipo de gobierno no ejecutó en plazo la colocación de la misma. Ruiz-Sillero señala que incluso la Junta de Andalucía negó al equipo de gobierno socialista, con fecha 7 de febrero de 2006, una prórroga para su ejecución.