La Fiscalía Provincial de Cádiz ha vuelto a desestimar recientemente otra denuncia del PP contra ediles del PSOE por el archivo de expedientes urbanísticos. Cabe recordar que en el pasado mes de junio, el Ministerio Público ya dio carpetazo a otra denuncia de los populares por el masivo archivo de 1.700 expedientes entre los años 2003 y 2006.

En esta ocasión, la denuncia del PP hacía referencia a que entre los años 1999 y 2002 se incoaron por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana un total de 306 expedientes sancionadores. Los populares exponían en su denuncia que únicamente fueron comunicados al Servicio de Recaudaciones un total de 32, cobrándose 27 de las sanciones impuestas, considerando que se generó un claro perjuicio para las arcas municipales al dejarse de percibir 274 sanciones en materia urbanística y favoreciéndose la sensación de impunidad en relación con las irregularidades urbanísticas.

No obstante la Fiscalía de Cádiz dictaminó el pasado 15 de diciembre en contra de esa denuncia archivando la causa, si bien deja la opción de que el PP pueda recurrir a otros órganos judiciales competentes.

La denuncia del PP iba dirigida contra Manuel Jiménez Barrios, por entonces alcalde durante el referido periodo; Juan Luis Belizón Guerrero, ex delegado de Urbanismo; José María Román Guerrero, cuando era delegado de Hacienda, y Alfonso López Almagro, ex gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

La Fiscalía expone en su resolución que en el caso de la denuncia de los expedientes urbanísticos entre 1999 y 2002 se ha seguido con la misma línea de investigación ejercida anteriormente entre el periodo 2003 y 2006, quedando, por tanto, ambas denuncias archivadas.

En este sentido, el Ministerio Público manifiesta que "parece reiterativo volver a realizar las mismas gestiones sobre esta nueva denuncia, ya que en los dos casos hay identidad de objeto, sujetos y circunstancias, no apreciándose en la documentación analizada ningún nuevo elemento que pudiera hacer variar el resultado de las investigaciones ya obtenidas".

La resolución de la Fiscalía también explica que en cuanto al informe requerido a la Gerencia Municipal de Urbanismo, "este permite concluir que la situación de dicha Gerencia municipal durante los años que nos ocupan presentaba un cuadro de severa deficiencia organizativa y de carencia de los imprescindibles medios personales y materiales para el desempeño meramente correcto de las funciones urbanísticas que le s son legalmente encomendadas. De hecho -continúa- y de nuevo realizando una comparativa con el periodo posterior, los medios disponibles eran mucho más precarios en el segmento temporal que ahora examinamos".

La denuncia del PP también planteaba la posibilidad del perjuicio económico sufrido por las arcas municipales como consecuencia de la falta de ingresos por los expedientes sancionadores sin cobrar y que esto podría integrar delitos de malversación de caudales públicos. No obstante, la Fiscalía también rechaza "la tipicidad de las conductas denunciadas como formas de malversación sin perjuicio de la responsabilidad contable a que pudiera haber lugar y que habrá que valorarse en la oportuna instancia.