El equipo de gobierno afirma que el alcalde, Ernesto Marín, ha solicitado por tercera vez mediante un escrito una reunión con la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, al objeto de presentarle el Programa de Ayudas al Pago de Hipotecas (PAPHI), puesto en marcha en la localidad a iniciativa del equipo de gobierno municipal.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el PAPHI fue presentado por el gobierno municipal hace un mes, "momento en el cual se invitó por primera vez a la consejera de Fomento y Vivienda a mantener un encuentro con Ernesto Marín. Al no obtener respuesta, se solicitó por segunda ocasión quince días después y, al mostrar la callada por respuesta, el regidor chiclanero ha vuelto a pedir una reunión de colaboración con Elena Cortés".

Se trata, en palabras del portavoz del equipo de gobierno, Andrés Núñez (PP), de "la tercera ocasión en la que el alcalde solicita un encuentro con Cortés para frenar los desahucios en la localidad a través de la colaboración institucional autonómica en el Programa de Ayudas al Pago de Hipotecas". Al respecto, Núñez ha recordado que "las competencias en materia de vivienda corresponden a la Junta de Andalucía y es su obligación no sólo poner en marcha medidas que paralicen los desahucios, sino que colaborar activamente con las iniciativas municipales que surjan en dicho marco". De la misma manera, ha resaltado que "también hemos puesto en marcha un Programa Integral de Empleo eficaz y transparente, a pesar de que las competencias en materia de empleo tampoco son municipales, sino de la Junta de Andalucía, sin que ésta haya ofrecido su cooperación".

De la misma manera, Andrés Núñez no ha dudado en afirmar que "a pesar de que es la Junta de Andalucía la entidad obligada a ofrecer soluciones en este ámbito, únicamente se han limitado a colocar una oficina de información asesoramiento, lo cual ya está poniendo en marcha en muchos municipios, incluido Chiclana de la Frontera, y resulta a todas luces insuficiente". También ha recordado que la Junta dejó de abonar las ayudas al alquiler de viviendas en 2009, "un gasto social que está siendo soportado por los ayuntamientos".