El equipo de gobierno asegura que un informe elaborado en marzo de 2011 por técnicos de la Intervención Municipal del Ayuntamiento alertaba ya de las irregularidades que podían surgir en el sistema de contratación establecido para poner en marcha el Plan Local de Empleo Social (PLES), por parte de los responsables municipales del anterior equipo de gobierno.

Indica que este informe deja claro que "dentro del convenio firmado con la asociación de minusválidos Virgen del Carmen, en ningún caso, las contrataciones pueden llevarse a cabo de tal forma que se establezca un vínculo con la Administración, tanto en el desarrollo de las tareas asignadas como en la especialidad de su contratación".

El gobierno municipal señala que los técnicos advertían que "si lo que se desempeñan son tareas para el Ayuntamiento, el personal contratado debiera tener establecida la relación contractual con éste, sometiéndose a las regulaciones normativas existentes para la contratación de personal al servicio de la Administración". Añade que el informe avisaba de que no se podía usar la modalidad de contrato denominado de inserción ya que, entre otras razones, dicha modalidad, además de estar derogada, permitía contrataciones temporales dentro de los programas públicos que se desarrollaran reglamentariamente, y el PLES es de iniciativa municipal".

Así, el equipo de gobierno apunta que esta actuación es la base que permite a la Inspección de Trabajo de Cádiz afirmar que en la anterior etapa municipal se incurrió en "una cesión ilegal de trabajadores", ya que el objeto del contrato entre éste y Virgen del Carmen "se limita a un mero suministro de mano de obra", en el que la citada asociación "se limita a ocupar la posición empresarial de una manera meramente formal, sin asumir ningún tipo de dirección y control", siendo el Ayuntamiento "quien pone los medios técnicos, materiales y personales para que se pueda llevar a cabo la actividad, así como bajo la dirección de responsables municipales. Esta manera de contratar supone una infracción muy grave en materia laboral merecedora de una sanción de 10.000 euros, que va a ser recurrida por el gobierno municipal".