La implantación del convenio de colaboración, firmado a finales de enero por la Consejería de Justicia y el Consistorio chiclanero para que los menores que hubieran cometido algún tipo de delito pudieran cumplir sus penas prestando servicios a la comunidad, dio en la mañana de ayer un paso en firme. El juez de menores de Cádiz, Enrique Ramírez, y el educador y técnico del equipo de reforma asignado a Chiclana, Ignacio Sordo, explicaron a los técnicos y responsables municipales implicados en el proyecto los detalles para poder llevar a la práctica esta iniciativa. Un hecho que podría realizarse, según las estimaciones de la Delegación municipal de Educación, a partir del mes de abril, una vez se encajen los perfiles de los jóvenes participantes.

Para concretar el contenido y los detalles de este programa, el juez de menores explicó el carácter de las prestaciones, así como el perfil de los menores que se podrán acoger a este programa, destacando que "esta medida debe entenderse como una oportunidad". Enrique Ramírez también ahondó en la idea de que "en cierta medida, todos somos educadores", así como en la importancia de establecer normas, límites y deberes.

Por su parte, el educador Ignacio Sordo describió el procedimiento a seguir una vez que estos menores comiencen a prestar sus servicios en las distintas delegaciones municipales. También destacó la importancia de mantener un contacto directo y un diálogo claro con los usuarios del programa.

Por último, el delegado municipal de Educación, Agustín Díaz, resaltó "la implicación y preocupación que han demostrado todas las dependencias municipales para poner en marcha este proyecto".