Un Juzgado de Cádiz ha condenado al pago de una multa de cinco euros al día durante seis meses a cada uno de los padres de una menor, que tenía nueve años cuando sucedieron los hechos, por abandono de familia, al permitir el absentismo escolar reiterado de la niña.

Así lo dio a conocer ayer el delegado municipal de Educación, Joaquín Páez, manifestando en este sentido que "lo que demuestra esta sentencia es que se hace una labor ejemplar en esta materia, gracias al trabajo constante de los técnicos de Educación, así como de los profesionales de la Policía Local, que realizan una labor excelente con los centros escolares e institutos de la ciudad".

De esta forma, en el caso que ayer se dio a conocer por parte de Educación, se trataba de una niña que tenía nueve años cuando se produjeron los hechos, ya que la primera intervención a través del protocolo municipal de absentismo se produjo en el año 2006. Posteriormente, en febrero 2009, tras un periodo en el que la situación parecía haberse regularizado, tuvo lugar una segunda intervención, esta vez por parte de técnicos de Educación y Policía Local, debido a nuevas alarmas sobre el caso. Asimismo, en marzo de ese mismo año se detectó un nuevo caso de absentismo, esta vez en la hermana pequeña de esta misma familia. "Este segundo caso se da en una menor de cuatro años y, aunque la educación obligatoria es a partir de los seis años, en la Delegación de Educación tenemos un protocolo para prevenir el absentismo. Así, una vez que las familias optan por matricular a sus hijos en una escuela infantil, nosotros nos ocupamos de que la asistencia sea regular", explicó el edil a este respecto.

Así pues, en marzo del citado año se informó de nuevo a la Policía Local y en junio de ese 2009 la situación parece que cambia de nuevo, de forma que la familia empieza a tomarse en serio la educación de sus hijas. Este cambio hizo que la familia y la alumna recibieran la felicitación del equipo de absentismo municipal, una forma de reforzar dicha conducta. No obstante, en noviembre de ese mismo año, la situación vuelve atrás y eso provoca la segunda visita de la Policía, lo que hace que se lleve el caso a Fiscalía y se tramite la denuncia correspondiente por parte de este órgano.

Fue en 2010 cuando los técnicos de la Delegación de Educación fueron requeridos como testigos por el juez para declarar en relación con el citado caso, un largo proceso que concluye el pasado año 2015 con la citada sentencia condenatoria, resolución que le ha sido comunicada a la Delegación de Educación hace pocos días.

"Lo que pretendemos haciendo pública esta sentencia es garantizar el derecho a la educación de los menores y, además, dar a conocer la implicación de la gente y de las diferentes entidades que colaboran en este Plan de Absentismo", manifestó ayer Páez a este respecto, recordando el destacado papel que desempeñan tanto la Delegación de Educación como la Policía Local como parte del Plan de Absentismo del municipio, que también incluye convenios de colaboración con centros médicos y una excelente comunicación y apoyo de los colegios e institutos de la localidad.

"Hay un buen Plan de Absentismo, que da un estupendo resultado. Esta sentencia sólo es una desgraciada anécdota, que queremos poner de manifiesto para resaltar, precisamente, que la concienciación familiar en ese sentido hace que estas sentencias sean casi inexistentes en la ciudad, gracias a la gran labor que se hace", resaltó el delegado municipal de Educación.

Entre los datos hechos públicos ayer por Joaquín Páez, destaca que en el curso pasado, el 2014-2015, hubo dos casos de atestados instruidos ante la Fiscalía de Menores por absentismo en Chiclana, mientras que en el curso anterior, 2013-2014, se produjeron siete casos que se trasladaron a dicha fiscalía, siendo 13 el total de condenas que se han producido desde la creación de este protocolo de actuación en la localidad.

"Esto indica que se va disminuyendo progresivamente. Además, el porcentaje de niños absentistas es muy pequeño, gracias a que contamos con un muy buen protocolo de absentismo", señaló el edil, explicando que dicho protocolo consiste en la derivación por parte de los colegios e institutos a la Delegación de Educación de estos casos de absentismo, ya que son los centros los que observan y evalúan si las faltas de los alumnos deben ser consideradas alarmantes o no. En el momento que el centro detecta que estas faltas no están justificadas, derivan a esos alumnos a la Delegación de Educación, que inmediatamente se pone en contacto con las familias y con los Servicios Sociales, por si previamente ese niño ha tenido otro tipo de derivación.

Una vez en contacto con las familias, el objetivo es hacer entender a los padres o tutores que la posición con respecto al menor no es la adecuada, sobre todo a la hora de garantizar su educación, y se sigue observando a la familia. Si tras esta primera toma de contacto y posterior seguimiento no se aprecia un cambio de conducta, se procede a la primera intervención de la Policía Local, que se suele realizar en la Jefatura de Policía con los padres. Si el alumno cursa Secundaria, también estará presente en este encuentro. El objetivo es intentar reconducir la situación, produciéndose un nuevo seguimiento.

Tras esto, si no se aprecia un cambio, se realiza una nueva intervención de la Policía Local, acompañada esta vez de un informe de la Delegación de Educación, tras la cual se pone el caso en conocimiento de Fiscalía. A partir de ahí, es Fiscalía de Menores la que lleva a cabo o no una denuncia, atendiendo a las circunstancias que dicho órgano judicial entienda. "Este proceso asegura que en Chiclana se hace todo lo posible para que sentencias como ésta no ocurran. Queremos que estos expedientes no lleguen a Fiscalía y trabajamos para ello", concluyó Páez.