La sesión plenaria de carácter extraordinario que se celebró ayer en el Ayuntamiento fue calificada como "histórica" ante la trascendencia que supone la aprobación definitiva de las ordenanzas de regularización que afecta a unas 16.000 viviendas del extrarradio en una extensión de 22,5 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado.

La votación sobre este punto deparó el apoyo del Gobierno municipal (PSOE Ganemos), de IU y de los concejales no adscritos Stefan Schauer y Nicolás Aragón, mientras que PP y Por Chiclana Sí Se Puede (PCSSP) se abstuvieron.

Discrepancias en los costes para el acceso al agua potable y alcantarillado

Estas ordenanzas comenzarán a aplicarse una vez que su aprobación sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), pero antes se dará conocimiento a la Subdelegación del Gobierno y la Delegación del Gobierno de la Junta. En definitiva, y si cumplen los plazos previstos, la delegada municipal de Diseminado, Cándida Verdier (PSOE), prevé que este nuevo documento entre en vigor el próximo septiembre.

Precisamente, fue la responsable del área municipal de Diseminado quien expuso en el pleno las líneas generales de las nuevas ordenanzas una vez que se desestimaron la mayoría de las 296 alegaciones presentadas al documento. "Creo que es un momento muy importante para la ciudad", incidía Verdier, quien resaltó que los costes para acceder a los servicios básicos de agua y alcantarillado serían de una media de 9.500 euros en una primera fase, mientras que en una segunda etapa (colocación de redes de pluviales o de telefonía, cerramiento, etc..) se aportaría otros 16.000 euros más como media en terrenos entre 500 y 1.000 metros cuadrados. Además, manifestó que se tratan de unas ordenanzas "flexibles, cómodas y fácil de aplicar".

Por su lado, el alcalde, José María Román, agradeció el apoyo mayoritario, e incluso las abstenciones, a las ordenanzas de regularización y pidió "perdón" en los errores que se pudieran cometer en la aplicación de este proceso. Por ello, rogó "paciencia" al tiempo que resaltaba que el documento no es inamovible ya que está expuesto a modificaciones.

Por su lado, el líder y portavoz del PP, Andrés Nuñez, censuró que "el asunto más transcendente para la ciudad en los próximos 20 años se celebre un dos de agosto para que nadie se entere". Además, aseguró que el Gobierno local "engaña a la gente con los costes" al afirmar que serán muy superiores a los 9.500 euros. "Así esto no saldrá adelante", puntualizó. Redundó en que las inquietudes de los afectados radican en el cómo, cuándo y cuánto de este complicado proceso, haciendo hincapié en que si en siete años no se abonan las cantidades para la regularización "el Ayuntamiento hará efectivo el pago".

Por su lado, Ana Rodríguez, de IU, dijo que su grupo apoyaba las ordenanzas "con un millón de dudas" y propuso la creación de una comisión mixta de seguimiento del proceso de regularización. Asimismo, Verónica Gutiérrez (PCSSP) dijo que el nuevo documento se ha elaborado "a espaldas de la ciudadanía" y que no hay que olvidar que el PGOU puede ser anulado antes de fin de año. Ya por último, Stefan Schauer y Nicolás Aragón, coincidieron que hace falta dar más explicaciones y ejercer una labor "pedagógica" entre la ciudadanía para que entienda la trascendencia de esta medida.

En otro orden de cosas, la Corporación también dio su visto bueno a solicitar la ayuda para una inversión ITI (Inversión Territorial Integrada) para el proyecto 'Camino del Molino Viejo. Eje Cívico', que supondrá una inversión de 1,2 millones de euros; la propuesta para la aprobación del Plan Especial de la carretera de Medina y la ratificación de la solicitud para la adecuación de la infraestructura o inmueble para recursos culturales, en este caso para el yacimiento fenicio en el Cerro del Castillo.