Tal y como exige el Proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda que fue aprobado el pasado año por el Parlamento de Andalucía, el Ayuntamiento, sus técnicos, se encuentran ya trabajando de cara a la redacción del que será el nuevo Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

De cara a la confección de este nuevo documento, por el que se regirán las futuras adjudicaciones de vivienda pública en la localidad, un grupo de cuatro técnicos municipales, en una primera fase del trabajo, están procediendo a entrevistar a los solicitantes que ya estaban registrados en el anterior censo municipal.

El objeto de tales entrevistas, según fuentes municipales, es comprobar, en primer lugar, que estas personas aún no tienen una vivienda y por tanto siguen siendo demandantes y, por otro, conocer el perfil, social y económico, al que responden de cara a su inclusión en el nuevo registro y a su baremación en el mismo.

Cabe recordar que según el último censo municipal de demandantes de vivienda que dio a conocer la delegada municipal del área, la edil socialista María Jesús Castañeda, eran casi 800 las personas del municipio que se encontraban a la espera de poder acceder a una vivienda de carácter público. De éstas, la mayoría, casi un 65%, eran solicitantes individuales o familias de dos miembros (279 y 238 casos respectivamente).

Otras 174 respondían a unidades familiares formadas por tres personas, 73 por cuatro y 34 de cinco o más miembros.

En cuanto a la edad de los demandantes, en su mayoría (casi un 77%) eran menores de 45 años, el resto (184 personas) superan esta edad.

Señalar que una vez confeccionado el mencionado registro, los interesados estarán obligados a actualizar los datos aportados en este censo, como sus necesidades de vivienda, sus niveles de renta, etc.

En definitiva, el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida será el instrumento básico para determinar exactamente los solicitantes de vivienda protegida. Es decir, la herramienta necesaria para conocer la demanda y, por tanto, plantear una oferta que garantice el derecho de todos los ciudadanos a acceder a una vivienda digna y ajustada a sus necesidades.