El alcalde Chiclana, José María Román, quiso aclarar los motivos por los que se derribó la vivienda del extrarradio situada en el Camino de la Gamuza en la jornada de ayer jueves. El regidos chiclanero insistió en que sobre la casa pesaba una orden judicial que obligaba a actuar al Ayuntamiento, "porque de lo contrario incurriríamos en desacato", apostilló.

En esta línea, Román manifestó que "nos tocaba obedecer al juez, no había otra opción" en relación a la demolición del chalet del diseminado donde habitaban desde hacía diez años un matrimonio con dos hijos de 16 y 23 años. Señaló que después de una sentencia firme y con varios requerimientos judiciales anteriores "era un hecho consumado" que finalmente acabara por producirse el derribo. "El problema es que cuando se construye sin licencia puede ocurrir lo que le ha pasado a este señor", en referencia al dueño de la casa.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se lanzó un comunicado oficial sobre el derribo de la vivienda en el que señala que se construyó en el año 2005 sin la correspondiente licencia de obra. Además, indica que se ubicaba en Suelo No Urbanizable de Especial Protección, concretamente en zona inundable de la cuenca del arroyo Carrajolilla, "tal y como delimita el Estudio de Inundabilidad de La Janda de la propia Junta de Andalucía, independientemente de la existencia de Plan General o no que, no obstante actualmente está en vigor".

El Ayuntamiento de Chiclana expone que técnicos de la Delegación de Urbanismo iniciaron el procedimiento administrativo correspondiente por la construcción sin licencia, "cuestión que finalmente caducó, sin que se llevara a cabo sanción administrativa alguna al propietario del inmueble. Sin embargo, al tratarse de un Suelo de Especial Protección (inundable), también se abrió un procedimiento penal en el Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz, que sí continuó y cuyo desenlace ha sido el derribo en la jornada de ayer".

Un procedimiento, añade el Consistorio, que se inició tras remitirse dicho expediente a la Fiscalía en el año 2008 "por parte del entonces gobierno cuatripartito en Chiclana, liderado por el PP, y que forma parte de los más de 1.700 expedientes llevados a Fiscalía en noviembre de dicho año".

De esta forma, asegura que se abrió diligencias "en las que el Ayuntamiento de Chiclana no solicitó el derribo del inmueble y en el año 2015 se dicta sentencia y condena con multa de 2.160 euros al propietario, inhabilitación de 6 meses, prisión de 6 meses y orden de derribo del inmueble construido sin licencia. Sentencia a la que prestó conformidad el propietario, sin que se presentara recurso alguno".

Añade que tras requerir el juez al propietario para que procediese al derribo de la vivienda hasta en dos ocasiones y no llevara a cabo la demolición por su cuenta, "en el año 2017 el juez requiere al Ayuntamiento de Chiclana para que proceda a la ejecución del derribo de forma subsidiaria, cuestión que se ha requerido en tres ocasiones, la última el 20 de julio del presente año".

El comunicado municipal expresa que, pese a la suspensión solicitada por el propietario y por el propio Ayuntamiento en la jornada del martes a raíz de dos encuentros con la familia afectada en los últimos días, dicha solicitud fue denegada el pasado miércoles 4 de noviembre por el juez, que ordenó al Ayuntamiento a que actuase el jueves 5 a las 9.00 horas.

El Ayuntamiento de Chiclana, asimismo, manifiesta que se le ha ofrecido a la familia afectada un hostal céntrico de la ciudad para que pudiera hospedarse, mientras tanto resuelve el contrato de alquiler de la vivienda familiar ubicada en el casco urbano de Chiclana.