El juez de la Audiencia Nacional, el gaditano José de la Mata, confirmó ayer la prisión provisional que decretó el pasado 2 de febrero para el empresario del fútbol, consejero delegado del Cádiz CF y ex presidente del Granada CF, Quique Pina Campuzano, ante el riesgo existente de destrucción de pruebas y le ha citado a declarar como investigado para el próximo lunes, día 19, a las 12 del mediodía. El dirigente murciano tenía esperanzas de poder abandonar el Centro Penitenciario de Soto del Real, en la que se encuentra internado, para tratar de retomar cierta normalidad en su día a día, si bien De la Mata ha entendido que no procede la adopción de esa medida.

En el auto al que ha tenido acceso Diario de Cádiz, el juez ha desestimado de esta forma el recurso presentado por el presunto cabecilla de la 'Operación Líbero', que había pedido su excarcelación alegando para ello que se trata de una medida "desproporcionada e injusta", si bien en el auto con fecha de 15 de febrero se le responde que es evidente el riesgo de destrucción de pruebas, así como la opción más que real de que se produzcan movimientos de capitales.

En lo que se refiere al primer apartado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid mantiene que Pina, investigado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible por irregularidades en la contratación de futbolistas, mantiene "vínculos estrechos" con personas y mercantiles de otros países. La prueba más evidente de esta sospecha que sostiene el magistrado es que desde la entrada en prisión del consejero delegado del club amarillo, por la Audiencia Nacional han pasado a declarar, como investigados y testigos, personas que mantienen un vínculo importante con Pina. Es la causa principal por la que el juez gaditano mantiene una postura férrea en cuanto a que no existan contactos entre el encarcelado y esas personas.

La otra causa a la que se aferra De la Mata apunta al riesgo de que el todavía dirigente de la entidad cadista y ex presidente del Granada pueda iniciar un proceso de movimientos de capitales, así como liquidar cuentas o eliminar rastros documentales. El último auto mantiene lo reflejado en el anterior en este tema. "No se olvide nunca que ha demostrado alta experticia en armar estructuras para ocultar su patrimonio y sus ingresos, transfiriéndolos a sociedades propiedad de su hermana y padres y para parapetarse tras sociedades gestionadas por testaferros", recoge el auto, que añade con firmeza los argumentos para mantenerle en la prisión de Soto del Real. "Estas finalidades, evaluadas nuevamente a la vista de los argumentos expuestos por el recurrente, deben ratificarse, desde la perspectiva, situación y circunstancia concurrentes el día y hora en que la decisión es adoptada (el pasado 2 de febrero). En ese momento se objetivaba un riesgo cierto e inminente de contaminación de futuras diligencias de prueba, ya acordadas, como las declaraciones de otros investigados y de testigos, cuyo buen fin implicaba necesariamente que el investigado no pudiera tener comunicación previa con estas personas, muchas de las cuales pertenecen a su entorno más próximo como familiares y amigos, algunos de los cuales, por su condición de testaferros del investigado podrían ser manipulados o presionados".

Hay que tener presente que al empresario murciano se le tomó declaración el día que fue detenido en su domicilio, en Molina de Segura, así como 48 horas después, ya en la Audiencia Nacional. Esas manifestaciones, en las que atendió todas las cuestiones mostrando una actitud colaboradora, han permitido llegar a la conclusión de que no desvirtúan la decisión de mantenerle en prisión provisional ante las "notables contradicciones" existentes entre sus afirmaciones y los documentos que obran en el sumario de la causa. "Existen notables contradicciones entre sus afirmaciones y los documentos obrantes en autos, y también, como recuerda el Fiscal, con otros relatos sostenidos por testigos e investigados sobre las mismas cuestiones, lo que contribuye a corroborar la importancia que ha tenido evitar que los involucrados en las investigaciones hubieran podido entrar en contacto para destruir evidencias, alinear versiones o, simplemente, para presionar", según reitera el auto.