La situación institucional en el Cádiz sigue marcada por las medidas que adopta el club para tratar de desligarse de Quique Pina. El Consejo de Administración decidió rescindir el contrato con Calambur Intermediaciones, empresa administrada por su hermana Elena Pina pero controlada por el murciano. En virtud de ese contrato, esa sociedad percibía cada año 171.000 euros de la entidad cadista más otras cantidades en concepto de bonus desde que el equipo milita en Segunda División A.

La extinción del contrato entre ambas partes, acordada por Cádiz, supone un paso más en la intención del presidente, Manuel Vizcaíno, de apartar a Pina de la gestión del club después de su detención y posterior ingreso en prisión, aunque ahora está libre con cargos en un proceso aún abierto. La primera medida que adoptó el órgano rector de la entidad tras la detención del murciano el pasado 31 de enero en el marco de la Operación Líbero fue asumir todas las operaciones del club de manera directa y las funciones que tenía en el entonces consejero delegado.

La siguiente decisión, una vez que el juez José de la Mata ordenó el 2 de febrero el ingreso en prisión de Pina por presuntos delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y contra la Hacienda Pública, fue la revocación indefinida de los poderes que tenía delegados para llevar la gestión íntegra en el apartado deportivo.

El tercer movimiento del Consejo, que controla Vizcaíno, consistió en dar por finalizado el contrato con Calambur, que por tanto ya no recibe ingresos del Cádiz. Sobre esa empresa pesa además el bloqueo de las cuentas por orden judicial.

La relación de Calambur con el club comenzó en la temporada 2011/12 cuando llevó la gestión deportiva en aquella campaña en Segunda B en la que el conjunto amarillo se quedó a un solo paso de subir a la categoría de plata después de perder frente al Lugo en la tanda de penaltis.

Calambur dejó de prestar servicios al Cádiz con la irrupción de Sinergy, pero con la posterior llegada de Locos por el Balón a finales de 2013 de nuevo apareció en escena para vincularse a la entidad.

La rescisión del contrato se produjo antes de que Pina solicitase de manera formal al Consejo de Administración la restitución de sus funciones como responsable de la gestión deportiva. Vizcaíno le ha respondido con una negativa que deja al murciano como consejero pero sin ninguna delegación. Pina sigue de momento como miembro del Consejo del club pero en minoría frente al propio Vizcaíno y Jorge Cobo, hombre de su máxima confianza. Eso supone que ahora todo el poder lo concentra Vizcaíno y que Pina no tiene ninguno dentro del Cádiz, pero su presencia en los dos últimos partidos disputados en el estadio Carranza -asistió a las citas ante el Lorca y el Sevilla Atlético- y la visita que el pasado viernes realizó a la plantilla en la Ciudad Deportiva de El Rosal parecen indicar su intención de reclamar el lugar que considera que le corresponde.

El pacto de socios firmado en el verano de 2016 contempla que Pina se ocuparía de toda la gestión deportiva del Cádiz como consejero delegado y que si es relevado del cargo tendría que ser indemnizado por Vizcaíno con 7,5 millones de euros. El ex consejero delegado podría acudir a los tribunales para reclamar esa cantidad a Vizcaíno al estimar que éste incumple el pacto, pero el sevillano podría solicitar al murciano una cantidad similar al entender que éste también ha cometido incumplimientos.

Todo apunta a que el conflicto entre ambos se trasladará a los Juzgados en los próximos meses. Y cuando un asunto entra en la sala judicial, la solución suele tardar en llegar.