El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha retirado los poderes de gestión deportiva de Quique Pina pero lo mantiene como miembro del Consejo de Administración en calidad de consejero delegado, el cargo que ya tenía antes del 31 de enero, cuando fue arrestado por la Policía en el marco de la Operación Líbero. Ese es el cargo que ostenta en base al pacto de los socios de Locos por el Balón rubricado en el verano de 2016.

En virtud de ese pacto, a Pina le serían delegadas las funciones englobadas en la parcela deportiva del club. Ese mismo pacto incluye un apartado que refleja que si Quique Pina es relevado del cargo de consejero delegado, deberá ser indemnizado por el club con 15 millones de euros en el caso de que el equipo amarillo milite en Primera División, 7 millones si juega en Segunda División A y 2,5 millones si la categoría es Segunda División B. En la situación actual, con el equipo ubicado en el escalón de plata -metido de lleno en la batalla por el ascenso a la élite del fútbol español-, su salida tendría un coste de 7 millones si es que nada ha cambiado desde ese famoso pacto que presentaron en rueda de prensa a principios de agosto de 2016, en plena canícula, cuando el Cádiz vivía su reestreno en Segunda A.

La elevada cuantía que tendría que afrontar el club puede ser una de las razones por las que el Consejo, con Vizcaíno al mando -hay un consejero más, Jorge Cobo, además del secretario, Martín José García Marichal y el propio Pina- no haya tomado la iniciativa de destituir a Pina. Para ello el presidente debería convocar una junta de accionistas, aunque no se ha dado el caso hasta la fecha. Al Cádiz le saldría muy caro el cese de Pina como consejero delegado.

A tenor de la cláusula recogida en el acuerdo que en principio llevó la paz a Locos por el Balón y al club, a Pina tiene las competencias sobre la gestión, representación y administración de la parte deportiva del Cádiz, como la contratación y dirección de personal deportivo, entrenadores, directivos técnicos, preparadores físicos, técnicos y jugadores, así como la contratación y dirección del personal médico del club.

Le corresponde también a Pina la organización de partidos amistosos, la preparación de pretemporadas y acuerdos con otros clubes. Su poder -según el pacto del verano de 2016- es tan amplio como sea necesario para dirigir, gestionar y coordinar el club en su ámbito deportivo, incluida la resolución o rescisión de contratos de todos los profesionales relacionados con su parcela.

Esas funciones arriba explicadas son las que tiene revocadas Pina desde que Vizcaíno tomo la decisión una vez que el murciano ingresó en prisión por orden del juez José de La Mata. Pero sigue perteneciendo al Consejo. Su salida en principio le costaría 7 millones al club, siempre según ese pacto de socios. Pina sigue vinculado al Cádiz y la partida de ajedrez en el enfrentamiento entre ambos -Vizcaíno y Pina- continúa abierta.

En ese pacto firmado en el verano de 2016 se recoge que Vizcaíno siga como administrador único de Locos por el Balón como mínimo hasta dos años desde la fecha del acuerdo. Los socios se comprometen a no cesar a Vizcaíno como tal durante ese periodo de dos años, que expira el próximo verano. El sevillano, a día de hoy con poder absoluto en el club, también estaría un mínimo de dos años como presidente del Cádiz -desde la firma del acuerdo- sin fecha límite.