Enrique Rodríguez Zarza, que ejerce de abogado de la sociedad mercantil Sinergy y de los italianos Gabriele de Bono y Alessandro Gaucci en los asuntos judiciales que los siguen vinculando de alguna manera al Cádiz Club de Fútbol SAD, no había dicho todavía esta boca es mía acerca del contenido de la noticia adelantada el día 3 del presente mes por Diario de Cádiz, en la cual se daba cuenta de la decisión tomada por el club amarillo de desistir de la demanda interpuesta en su día contra los tres administradores concursales. Ayer, una vez que por vía judicial ya le ha llegado confirmación oficial de esa medida, el letrado accedió a realizar sus primeros comentarios: "Ya he recibido hace unos días comunicación del Juzgado acerca del desistimiento del Cádiz CF contra los administradores concursales en la demanda que reclamaba una cantidad total de más de 2.100.000 euros a los tres administradores, a mis dos clientes -Gabriele de Bono y Alessandro Gaucci- y Florentino Manzano. Yo me he opuesto a ese desistimiento porque existe un informe pericial, que precisamente aporta el Cádiz CF en su demanda, donde se dice que los principales responsables del agujero financiero de la sociedad anónima deportiva son los administradores concursales, justo lo que veníamos manifestando nosotros desde el día que llegamos".

Sigue más que convencido de la culpabilidad de los administradores concursales en el deterioro económico de la entidad: "Los peritos recogen que eran los tres administradores concursales quienes autorizaban las firmas de los contratos y las disposiciones de dinero, asumiendo el compromiso de cubrir los gastos. Además, aclaran que estas medidas las tomaban en reuniones semanales que celebraban con el presidente, el secretario del Consejo y el consejero del área económica. Ninguno de estos eran Gabriele de Bono ni Alessandro Gaucci, que jamás tuvieron firma. En ese informe pericial que manda el Cádiz se indica claramente, con estas palabras, que la Administración Concursal no ha obrado con la debida diligencia y que incumplió la Ley Concursal causando daños y perjuicios".

Sobre la pipa de la paz que parecen haber fumado Manuel Vizcaíno y los administradores concursales, su opinión es la siguiente: "Las dos partes se han conchabado para echar la culpa exclusivamente a los italianos. Se han aliado estratégicamente para cargar a Gaucci y De Bono un muerto que no les corresponde. La actitud de Vizcaíno al desistir de esa demanda contra los administradores concursales, sabiendo que ellos son los culpables, es impresentable, una vergüenza, un bochorno. Y eso lo tiene que saber el cadismo. Muñoz hundió al Cádiz económicamente, lo condenó al concurso de acreedores y los administradores lo hicieron en sus primeros años peor todavía que Muñoz, abocando a la sociedad cadista a una disolución definitiva. Conscientes de la situación que habían creado, Muñoz y los administradores buscaron a unos primos a los que engañaron en lo que respecta al balance, la situación financiera e incluso en parte de las acciones reales que les fueron vendidas. En caso de no haber venido los italianos, hubieran tenido que cerrar el Cádiz".

Rodríguez Zarza ha detectado un fallo mayúsculo en la demanda de marras: "Ahora, los abogados del Cádiz se han dado cuenta de que ni siquiera habían cumplido los requisitos que establece la Ley para interponer una demanda de responsabilidad contra los administradores concursales, ya que su aprobación previa por parte de una junta general de accionistas es obligatoria. Creo que ya tienen claro que se han vuelto a equivocar y que esto les va a costar por la parte de Gaucci y De Bono 130.000 euros en costas".

Por último, el abogado de De Bono y Gaucci desveló un reciente contacto muy curioso: "Por eso me llamaron desde el Cádiz hace más o menos una semana para que nos olvidáramos de ese pleito, como si no hubiese pasado nada. Lógicamente, mi respuesta fue negativa porque es como si vas ganando un partido de fútbol por 6-0 y te piden entonces que no puntúe para la clasificación, que se anule como si no se hubiera disputado. Nos hemos opuesto a olvidarnos de ese pleito, a no ser que acepten la restitución de la legalidad, lo que supondría la devolución inmediata e íntegra de nuestras acciones y la anulación de las dos ampliaciones de capital ilícitas que se han realizado".