En la mañana de ayer, en la sección primera de la Audiencia Provincial, se celebró el juicio por la querella penal interpuesta por Federico González y Francisco Chico Puig contra Antonio Muñoz Vera, al que se le acusaba de la comisión de un delito de apropiación indebida solicitándose una pena de tres años y nueve meses de prisión. La sala estuvo presidida por el magistrado Manuel Estrella, siendo ponente el juez Javier Gracia, completando la sala también la magistrada Oliva Morillo.

La acusación particular, representada por el abogado Emilio Cortés, en sus conclusiones finales volvió a solicitar los tres años y nueves meses de prisión, así como una indemnización por importe de 45.008 euros, más los correspondientesintereses legales. El fiscal, Ángel Núñez, pidió la libre absolución, igual que el abogado defensor de Muñoz, Jesús Ramírez. De los testigos citados sólo hizo acto de presencia el notario, Carlos Cabrera, no presentándose Diego García, actualmente presidente del Elche y que fuese secretario general de Sinergy y luego del Cádiz CF SAD, y el letrado Enrique Rodríguez Zarza, que es jurídico de la mercantil británica.

Los hechos que se enjuiciaban tenían que ver con la venta de las acciones de la SAD Cádiz CF a la sociedad Sinergy, en agosto de 2012. El abogado defensor hizo hincapié en que Muñoz Vera se comprometió con los querellantes, en virtud de un documento privado firmado por el propio Muñoz, a reintegrarles una cantidad de la percibida por esa venta, en concepto de indemnización por el pago de un préstamo que los tres habían suscrito de manera solidaria con la entidad La Caixa (el documento es de fecha 15 de octubre de 2012). Antonio Muñoz percibió el dinero por la venta de esas acciones, pero no dió ni un solo euro de los abonados a Paco Puig, ya fallecido, y Federico González, desviándolo para otros usos personales y frustrando, con ello, el interés legítimo de los perjudicados, según expuso el letrado Emilio Cortés.

Antonio Muñoz contestó a todas las preguntas que le hicieron las partes (acusación, fiscal y defensa) y aseguró, en su larguísima exposición, que nunca se comprometió a nada y que lo que pagó lo hizo a voluntad propia. El notario Carlos Cabrera confirmó que los 300.000 euros que los italianos pagaron, en el segundo plazo por las acciones, quedaron depositados en la Notaría, y que cuando se liberaron el ex presidente del Cádiz tuvo toda la cantidad a su total disposición.

Chico Puig afirmó que él nunca supo nada hasta que falleció su padre y se enteró por la documentación que pudo encontrar. Federico González fue tajante al asegurar que nunca recibió ninguna cantidad como había asegurado Muñoz, que mantenían una estrecha amistad, Paco Puig y él, con el acusado, pero que les engañó totalmente a los dos. Antonio Muñoz recordó que llevaba tiempo enfermo, que había pasado varias veces por el quirófano y que había cosas que no recordaba, pero puntualizó que no tenía que pagarles nada, pero que estaba dispuesto a sentarse y llegar a un acuerdo.

El fiscal Ángel Núñez se extendió muchísimo en sus conclusiones, citó varias sentencias respecto al delito de apropiación indebida y dijo que no había prueba alguna para mantener la acusación y que creía que se debería haber planteado en un proceso civil. Con ello discrepaba totalmente con el abogado defensor Emilio Cortés, que aseguró, en su corta pero muy explícita conclusión, que había suficientes pruebas documentales, que fueron además reafirmadas con la declaración del notario Carlos Cabrera, incluso en palabras del propio Muñoz Vera.

El juicio quedó visto para sentencia.