El Ayuntamiento va a reforzar las medidas de defensa de los inquilinos sin recursos que se ven afectados por acciones especulativas en sus fincas, lo que provoca su desalojo debido al nulo mantenimiento de las viviendas por parte de la propiedad, según el gobierno local

Hasta ahora, era el Ayuntamiento el que, a través de Servicios Sociales o de Procasa, actuaba dando una solución habitacional a estos inquilinos y que así no quedasen en la calle, sufragando todo el coste de esta operación.

Ahora se va a dar un giro a esta actuación municipal: serán los propietarios de las fincas que hagan dejación del mantenimiento de las mismas los que asumen los costes que, para el Ayuntamiento, pueda tener la búsqueda de una vivienda para estas familias.

Esta medida se va a incluir en la nueva Ordenanza de Conservación y Rehabilitación que está desarrollando el gobierno local y que se encuentra en fase de consulta pública previa a su primer paso por el pleno municipal.

El documento, que supone dar un paso adelante respecto a la actual Inspección Técnica de Edificios, incluye también una apuesta por la mejora de la accesibilidad en las fincas que, hasta ahora, si se realiza es por la propia iniciativa vecinal; de la misma manera será necesario contar con un certificado energético con el que se aprenda a adoptar medidas de ahorro en el consumo de la energía.

Lo incluido en este proyecto va a ser discutido el próximo 5 de febrero en una reunión del Observatorio de la Vivienda, de la que forman parte varios colectivos entre ellos las asociaciones de vecinos y la Federación de la Construcción, entre otros.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, destaca el gran avance que esta nueva ordenanza va a suponer para garantizar la vivienda digna para los ciudadanos. En este sentido, menciona que ahora se pueden dar casos de fincas con inquilinos que, por cuestiones especulativas, “se van abandonando, sin realizar obras de mantenimiento con lo que ello supone de riesgo para los vecinos. Al final se llega a una situación extrema que provoca el desalojo de los inquilinos que, en muchos casos, quedan desprotegidos hasta que actúa el Ayuntamiento”.

Con la exigencia de pago de los gastos del realojo a los propietarios, Martín Vila considera que se podrá evitar, o por lo menos reducir de forma considerable, estas actitudes especulativas “y más ahora cuando el sector inmobiliario comienza a recuperarse y siempre cabe la posibilidad de que se produzca una nueva burbuja en el sector”, con el riesgo que ello supone para quienes cuentan con menos medios económicos.Vila pretende que a través de la reunión del Observatorio de la Vivienda “se logre un amplio debate sobre estas nuevas ordenanzas e introducir mejoras en el documento si así se ve necesario”.

Estas ordenanzas van a sustituir a la ITE, que se puso en marcha hace cerca de dos décadas para la inspección de todas las fincas con más de 50 años de antigüedad, y después se rebajó a 40. Esta actuación urbanística fue novedosa pues en aquel momento apenas había municipios donde estuviesen ya implantadas.