Todas las asociaciones de vecinos del casco histórico de Cádiz han hecho frente común para reclamar al Ayuntamiento que tome medidas para facilitar que la ciudad esté rehabilitada en 2012, partiendo de la base de que lo que no haya comenzado a arreglarse en 2008 no estará terminado en el Bicentenario.

El pasado viernes, las asociaciones de vecinos mantuvieron un encuentro previo a la Comisión de Participación Ciudadana de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico. En ella acordaron pedir una reunión urgente a la alcaldesa, Teófila Martínez, en la que exponerle sus principales preocupaciones.

El presidente en funciones de El Carmen de El Mentidero, Francisco Gallardo, y la presidenta de la asociación de San Juan, Lucía Núñez, desglosaron muchos de los temas que quieren plantear a la alcaldesa, los obstáculos que creen que existen a la rehabilitación, como el canon de 10.000 euros por la entrada de camiones en el casco histórico o el soterramiento de los cables.

Igualmente, denuncian la existencia de viviendas públicas -tanto de la Junta como del Ayuntamiento- que están deshabitadas y con los inquilinos incluso viviendo "en Barcelona".

Otra de las críticas se centran en la forma en la que se tramitan los expedientes urbanísticos, y concretamente las expropiaciones forzosas, que a su juicio se alargan durante demasiado tiempo. Las asociaciones de intramuros piden al Ayuntamiento que ajuste los plazos al mínimo para hacerse con las casas en mal estado y que las ceda a la Oficina de Rehabilitación para su arreglo por el mismo coste gastado en adquirirlas. Y es que los vecinos temen que las expropiaciones se ralentizan con el objetivo de que al Ayuntamiento le dé tiempo a obtener fondos para pagar los justiprecios y así apuntarse un tanto en la "guerra por ver quién entrega más llaves". "Si no tienen dinero, que cedan las fincas a la Junta", piden.

Las asociaciones también quieren estar presentes en la Comisión Municipal de Patrimonio porque no comparten alguno de los criterios que se aplican actualmente, especialmente los que restringen la colocación de los ascensores en fincas del casco histórico.

Las asociaciones entregarán su petición de reunión urgente con la alcaldesa en el Ayuntamiento gaditano en cuanto el documento esté sellado por todas las que funcionan en el casco histórico, explican.