Aseguran que están en una situación "inaguantable". José Muñoz Aguilar y Chani Román Ramírez viven con sus dos hijos entre puntales, en un piso de la calle García de Sola del que son propietarios. Hace unos años recibieron una carta del Ayuntamiento diciendo que se iba a expropiar la finca para construir un centro de salud. Les dieron varias opciones para buscar otra casa, de las que eligieron un piso de nueva construcción pagando la diferencia. Pero al llegar la crisis, todo se paró y ahora se encuentran en un limbo.

Con el paso de los años, su casa se ha ido deteriorando. Tiene las paredes agrietadas, filtraciones de agua, goteras y abultamientos en el techo. De hecho, técnicos municipales inspeccionaron el piso y tuvieron que poner cuatro puntales: dos en el dormitorio principal, uno en el salón y otro en el dormitorio de los niños. Así viven desde hace unos dos años. Tampoco tienen luz en la escalera ni funciona el telefonillo. Al ser el último piso, los arreglos del techo corresponden a la comunidad, con la que están al día de los pagos. Han ido a hablar con la administradora de la finca, que dice que los arreglos los tiene que hacer Procasa y en la empresa municipal lo niegan, ya que el piso todavía es suyo y el gasto debe asumirlo la comunidad. "Se pasan la pelota de uno a otro y los que estamos malviviendo somos nosotros. La administradora coge todos los meses el dinero de la comunidad pero no invierte en el mantenimiento y esto está cada vez en peores condiciones", se queja Chani.

Tanto ella como su marido aseguran estar desesperados. "Esta es nuestra casa, nos la quitan y encima estamos malviviendo. No sabemos qué hacer ni dónde acudir", lamenta José, quien reconoce que viven con el miedo de que algún día se les derrumbe el techo.

"Si no se cuida una cosa, se va deteriorando. Nosotros no queremos hacer grandes arreglos pero por lo menos vivir dignamente y con seguridad", asegura este hombre.

Sostiene que el Ayuntamiento "nos engañó, porque nos dijeron que en el terreno que ocupa este bloque y el de atrás se iba a construir un centro de salud, pero luego nos hemos enterado que no es así. Lo quieren para darle el terreno al Obispado a cambio de la Casa del Obispo". Y cuestiona si es legal que se expropie una vivienda o un bloque "con mentiras".

Fuentes municipales han confirmado que en el PGOU consta que parte de la parcela se iba a destinar a ampliar la calle y otra parte se iba a utilizar en una permuta con el Obispado, algo que acordó el anterior equipo de Gobierno.

Esta pareja se queja también de la actitud de la abogada y administradora de la finca, que no convoca reuniones de comunidad ni les informa de las gestiones relacionadas con la expropiación. "Le he pedido la documentación y dice que me la ha mandado, pero es mentira. Está haciendo las gestiones a nuestras espaldas", asegura José, quien está ya cansado de toda esta situación. "Esto es un sinvivir", concluye Chani.