Vicente Fernández decidió, meses antes de la pandemia, cambiar el rumbo de su vida y emprender por su cuenta. Invirtió todo su capital en poner en marcha uno de los negocios de hostelería de la calle La Palma, El Palmito; y todo marchaba a pedir de boca hasta que la epidemia hizo saltar todo por los aires, como a tantos otros empresarios, autónomos, hosteleros y empleados en general. Desde entonces viene padeciendo un pequeño infierno en medio del cual se acaba de abrir una ventana, al ver rebajado el precio del alquiler un 35% por decisión judicial.

Ha sido un juez el que ha establecido esta decisión como medida cautelar del procedimiento judicial que deberá seguir la demanda presentada por este negocio contra su propietario. En concreto, el juez ha dispuesto que desde febrero (que fue cuando se presentó la demanda) y hasta que se resuelva el procedimiento abierto el inquilino abone un 35% menos de alquiler por su local. “Es un tremendo triunfo. Hemos conseguido que Vicente pueda seguir teniendo trabajo”, valora el abogado al que ha recurrido el hostelero, Francisco Riveriego (responsable del despacho Riveriego Abogados), que precisa que entre los distintos conceptos el alquiler se acerca a los 2.000 euros mensuales.

Desde el primer momento de la pandemia, este hostelero gaditano ha intentado, sin éxito, buscar acuerdos con la propiedad del local para no abonar el 100% de un local que estuvo dos meses y medio cerrado y que luego ha podido ir abriendo entre fuertes limitaciones horarias y de ocupación. Así, el negocio bajaba, los gastos se reducían, pero el alquiler del local se mantenía intacto. Es entonces cuando el abogado planteó recurrir a la cláusula rebus sic stantibus, “que realmente no recoge el Derecho como tal” y que viene a decir que si el estado habitual de algo varía (por ejemplo, a consecuencia de una pandemia) las condiciones que se daban también deben variar.

“A consecuencia del estado de alarma se produce una situación, con el cierre de los comercios, que provoca un desequilibrio absoluto entre inquilinos y propietarios. El propietario dice que no tiene culpa, que el local hay que pagarlo; y el inquilino dice que no puede abrir porque se le impone”, explica Riveriego, que a este respecto traslada la propuesta que realizó para El Palmito. “Partiendo de la base de que ese alquiler puede servir para el sustento necesario de ese propietario, nos parecía injusto que todo el peso recayera sobre el inquilino o sobre el propietario. Y planteamos repartir al 50% esa carga”, cuenta para explicar el objeto de la demanda presentada, que pretende que el hostelero abone un 50% de la renta desde que comenzó la pandemia (el 14 de marzo de 2020) “hasta que acabe toda esta situación”.

Riveriego valora la medida adoptada por el juez, “pionera que sepamos en Cádiz capital”, por el importante desahogo que supone para Vicente Fernández y su negocios. Y a raíz de este caso lanza un mensaje de optimismo a los hosteleros: “hay mecanismos jurídicos, pero tienen que moverse ellos empresarios”.