El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, que dirige Miguel ángel López Marchena, ha desestimado la petición de la defensa de Germán Molina, el ex director de la delegación municipal de Alumbrado Público, para que se archivara la causa debido a la prescripción de los delitos que se le imputan y también de la falta de indicios acusatorios.

Cabe recordar que Molina se encuentra imputado por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental por la presunta concesión irregular del concurso de mantenimiento del alumbrado público a la empresa UTE Monelec-Electromur. Estas acusaciones surgen a raíz de las denuncias realizadas por Juan Francisco López Gallardo, que era delegado de Etralux, la anterior concesionaria de este servicio, para lo cual presentó una serie de conversaciones grabadas con Germán Molina.

Además, de este rechazo, el juez también ha pedido a la Policía Judicial que amplíe el atestado con el fin de investigar todos los hechos denunciados por López Gallardo.

El juez no sólo le mantiene las acusaciones por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, sino que le ha unido también el de malversación.

El letrado de Molina afirma que las conversaciones que aporta el denunciante no se concretan las fechas sobre la posible ocurrencia de los hechos. Asimismo, añadía que no se había dirigido el proceso contra su defendido mediante un auto motivado de incoación de proceso, por lo que entiende que ha operado el instituto de la prescripción. Por otro lado, argumentaba que no existían indicios de delito en contra de su defendido, alegando que la denuncia estaba motivada por "una venganza".

En el auto el juez relata delito por delito dónde se podría haber cometido las presuntas irregularidades. Con respecto al de prevaricación se podría haber cometido en el supuesto de la adjudicación a Etralux y el de Monelec, "debiendo de aportarse a la causa los expedientes completos relativos a ambas adjudicaciones, con el fin de comprobar las resoluciones que se dictaron para aprobar los referidos concursos".

El de fraude en la contratación, el juez pide que se indague las relaciones de las empresas con Germán Molina "a fin de determinar con precisión el posible concierto que se puede evidenciar inicialmente con los datos que constan en las actuaciones".

En la malversación, el juez refleja que se ha podido cometer "si se comprueba que se pagó una factura falsa al haberse dispuesto de dinero público de manera irregular". Por último dice que no es descartable, en función de los hechos imputados, "los presuntos favores para adjudicar de manera irregular hayan ido acompañados de entregas de presuntas dádivas".

Por otro lado el juez también ha rechazado la petición de la defensa de Germán Molina y del ministerio fiscal para que se pida una fianza a los partidos PSOE e IU para personarse en el caso. Esto, sin embargo, ha sido recurrido.