Ventilador, "patadas en la boca", reproches de todo tipo. El tema de la vivienda social y los casos de desalojos de diversas viviendas municipales ha servido una vez más a los grandes partidos para meterse en una espiral de críticas de los unos a los otros. Ni siquiera en un tema tan delicado como éste son capaces de ponerse de acuerdo y realizar un pacto de altura que deje de lado las disputas políticas.

El caso de Josefa Chacón, que denunció un caso el lunes al decir que tenía una orden de desalojo por impago de la vivienda de Procasa, fue lo que desató ayer toda la polémica. El equipo de Gobierno dijo al día siguiente que llevaba sin pagar desde el año 2000 una renta de poco más de 33 euros.

El primero en salir a la palestra fue precisamente el delegado provincial de Vivienda de la Junta de Andalucía, Manuel Cárdenas (IU), quien en una rueda de prensa pidió al Ayuntamiento que "rectifique" sobre el desahucio de Josefa Chacón e instó a que se renegocien las cantidades y "que se deje de mentir".

Cárdenas, que mostró el papel del auto del juzgado, manifestó que le "parece lamentable y vergonzoso que organismos públicos desahucien por causas económicas sobrevenidas". "Nosotros anulamos todos los expedientes de desahucio provenientes de causa económica sobrevenida cuando llegamos a la Consejería", afirmó y insistió en que este desahucio es por impago, tal y como dice el auto del juez que mostró allí, "Si realmente hay otras causas como las que se alegan como un mal uso social de la vivienda, que se acredite y no se engañe", dijo. Cabe recordar que el Ayuntamiento apuntó que no tenía ocupada la vivienda en cuestión durante bastante tiempo y que esto iba en contra del uso social de este tipo de pisos.

Cárdenas lanzó una acusación velada sobre el proceso de adjudicación por parte del Ayuntamiento en los bloques de realojo, donde la Fiscalía ve indicios de presunta prevaricación en este asunto. Así, Cárdenas defendió el proceso de adjudicación de viviendas de la administración andaluza, que calificó de "impecable e intachable", realizados con informes del registro de demandantes o del Consistorio: "Ya me gustaría poder decir lo mismo del Ayuntamiento, que probablemente sean ellos los que lo tengan que demostrar en los juzgados, y si tienen algo que objetar que lo diga", sentenció Cárdenas.

El también coordinador provincial de Izquierda Unida criticó que el equipo de gobierno gaditano use la política del "ventilador" y, aunque no le gustaría que este tema fuera debate, ha habido "ataques sin fundamento". "El grupo municipal de IU lo está dejando en evidencia y sacando de sus casillas y usan la vieja estrategia de ir contra la Junta".

El responsable andaluz de vivienda en la provincia recordó que hasta hace dos meses se estaban llegando a acuerdos con el Ayuntamiento en estos temas y espera que esto siga siendo así. Sobre la posible cesión de terrenos para la segunda fase de Matadero, a preguntas de los periodistas, dijo que no tendrá problemas para ponerlos a disposición para "un proyecto serio, no para confrontar con la opinión pública".

La respuesta municipal no tardó en llegar a través del teniente de alcaldesa de Comunicación, Juan José Ortiz, con frases sorprendentes como que Cárdenas "es capaz en la misma frase ofrecer colaboración pegando patadas en la boca y lanzando acusaciones veladas de adjudicaciones irregulares de viviendas".

Ortiz dice que se tiene que tragar "que él es el bueno de la película y que ofrece colaboración, lealtad y solución, cuando lo que él mismo hizo en su ayuntamiento (el de Trebujena) fue liquidar la empresa pública de vivienda".

El equipo de Gobierno calificó de "política carroñera" la que hace su partido en este asunto y como "lamentable" que lance insinuaciones sobre el proceso de adjudicación de las viviendas de Matadero, "cuando su delegación visó y aprobó todos los expedientes". Además, añade que lo que no dice Cárdenas "es que 14 de ellos eran realojos urbanísticos que la Junta tenía comprometidos con la segunda fase, esa que nadie sabe cuándo y cómo la van a construir". El PP también insistió en preguntar sobre la adjudicación de Isabel la Católica 19, "donde al parecer se ha favorecido al entorno del número 7 de IU".

Mientras tanto, el PSOE, a través de su portavoz, Fran González, ha exigido al Ayuntamiento que aclare el control que hace del uso de las viviendas municipales.