La polémica entre el gobierno municipal y la oposición por la concesión de espacio público a la sociedad Cádiz Conecta para la instalación de pantallas LED centró la atención de un pleno municipal maratoniano que arrancó antes de las nueve y media de la mañana y terminó cerca de las cinco de la tarde. Más de siete horas para aprobar 28 puntos, la mayoría por unanimidad, y otros con la solvencia que otorga la mayoría absoluta al PP.

En apenas unos minutos se aprobaron los primero ocho puntos del orden del día, pero en el noveno se produjo el esperado enfrentamiento entre los grupos municipales. A las críticas de Rafael Román por la instalación de estas 44 pantallas digitales para publicidad e información ya respondió la alcaldesa, aunque ayer, expusieron, uno frente al otro, sus puntos de vista. El portavoz del grupo socialista hizo hincapié de nuevo en el "secretismo" con que se había llevado el pliego de condiciones, a lo que desde el PP se le contestó que desde noviembre "está en internet" y que si no se han dado cuenta es porque "no trabajan lo suficiente".

Román se quejó de la poca "cortesía" y de la manera de proceder del equipo de Gobierno municipal, a la vez que advirtió que ve "complicado que estas pantallas se puedan colocar en bienes de interés cultural. Sobre todo de estas dimensiones".

También pidió un estudio de seguridad vial, de patrimonio histórico y económico, aunque este último no es necesario porque se utilizará el estipulado en la ordenanza sobre publicidad aprobada hace dos años.

Bruno García, concejal de Fomento, fue el primero en contestar a Román para indicar que serán siete grandes pantallas, seis medianas y 31 pequeñas y que "si duda sobre la contratación del Ayuntamiento ya sabe donde están los juzgados", dijo.

Sebastián Terrada, de IU, también se mostró contrario a estas pantallas y recordó que Cádiz ya es "la ciudad con más vallas por metro cuadrado en espacios públicos de Andalucía".

Tras casi una hora de dimes y diretes, tomó la palabra la alcaldesa para decir que era injusto que los acusaran de oscurantismo y recordar que "no hemos comprado las pantallas todavía (...). No se enteran de lo que no quieren. Ustedes tienen una pantalla de este tipo detrás de un escaparate en plena calle Ancha pero esa no molesta". Al final, la cesión salió adelante por 18 votos a favor contra ocho en contra.

También se aprobaron por unanimidad la ordenanza del Registro Público Municipal de demandantes de vivienda protegida y la propuesta de pedir al Gobierno que se contrate a parados de Cádiz para realizar trabajos de reposición del perfil de las playas afectadas por los temporales.

En el punto 17, en el que el PP insta a la Consejería de Justicia a iniciar las obras de la Ciudad de la Justicia, también se produjo un debate extenso en el que José Blas Fernández provocó risas con una frase lapidaria. "El único juicio que se va a celebrar en la Ciudad de la Justicia es el juicio final".

Las propuestas del Grupo Popular concluyeron con la relativa a que el Ayuntamiento inste al Ministerio de Fomento para que se actualice el proyecto de ejecución de mejora del entronque de Cortadura y Ronda de Vigilancia, para que se pueda licitar el año próximo. Ignacio Romaní defendió la propuesta aludiendo a que siete años después de la petición Fomento dice que el proyecto "es antiguo y debe adaptarse a la normativa actual", pese a lo que supone para el desarrollo del polígono exterior de la ciudad.

Román le respondió que no se podía decir que Fomento no estaba comprometido con Cádiz, citando como ejemplos el nuevo puente y la línea de alta velocidad, además de los beneficios fiscales para 2012. Citó también la negativa municipal a que el tranvía se prolongará hasta la plaza de España.

La alcaldesa intervino en el turno de réplica para afirmar que Fomento se limitaba a cumplir con su obligación y dijo que de la plaza de Sevilla a la de España había muy poca distancia y se podía ir andando. La propuesta se aprobó con los votos del PP.

Las propuestas del Grupo PSOE se iniciaron con la relativa a habilitar un crédito para el abono a empleados municipales de cuotas a la Seguridad Social, que defendió la concejala Marta Meléndez, que ironizó afirmando que el importe para paliar esa irregularidad se podía sacar de las pantallas o de la nueva tribuna del Carranza, además de incluirlo en los aún no aprobados presupuestos municipales de 2010. José Blas Fernández negó que existiera irregularidad alguna ni deuda con la Seguridad Social, "y sí mala intención", dijo.

Por su parte, Sebastián Terrada, de IU, pidió al PP que reconociera la existencia de dicha deuda, mientras que Marta Meléndez calificó de caótica la situación económica municipal y demandó regularla.

Fernández achacó el asunto al comité de empresa, con uno de sus miembros en la lista socialista, y preguntó si los sindicalistas estarían callados con 4 millones y medidas de parados si el Gobierno fuera del PP. Por último Teófila Martínez precisó que sería irregular pasar partidas de inversiones a gastos corrientes, desestimándose la propuesta con los votos del PP. La misma suerte tuvo la que demandaba un plan para el carril-bici en la ciudad, que también presentó Marta Meléndez.

La gestión urbanística del equipo de gobierno también suscitó la discusión entre PP y PSOE. Después de los últimos incidentes con fincas del casco histórico, que han motivado los realojos de familias, la edil socialista Natalia Álvarez pidió un "mayor esfuerzo" por parte de Urbanismo e insistió en la propuesta de crear una empresa municipal para acometer reparaciones y rehabilitaciones en fincas de forma subsidiaria. Posteriormente, Álvarez afirmó que la forma de trabajar del Ayuntamiento en materia urbanística es "cobarde". Estas afirmaciones provocaron la respuesta de los populares. Ignacio Romaní, como delegado de Urbanismo, criticó la forma de actuación de los socialistas, tachándola de "lamentable". "Cuando hay un problema usted se reúne y calienta a los vecinos. Pero jamás ha comunicado nada a Urbanismo", recriminó a Natalia Álvarez.

Por su parte, la alcaldesa también intervino en este punto para reprochar el calificativo de "cobarde" que lanzó la edil del PSOE sobre la gestión urbanística. Y lo hizo volviendo a recordar la petición municipal de crear una cédula de habitabilidad, a la creación de la ITE por parte del Ayuntamiento o a las viviendas de Matadero, cuyo retraso en la construcción asegura Martínez que ha costado en los últimos tres años un millón y medio de euros.

Por último, se aprobó retrasar una semana el Pleno de abril para que no coincida con el Viernes Santo y se celebrará el día 9 del citado mes.