Ayuntamiento de Cádiz El nuevo pliego de autobuses y la contratación de la limpieza: un espejo donde no mirarse

  • El equipo de gobierno anuncia que en junio o julio quiere iniciar la tramitación del contrato de transporte urbano

  • El de la limpieza empezó en diciembre de 2018 y aún sigue en el aire

Imagen de archivo de un pleno municipal.

Imagen de archivo de un pleno municipal. / Jesús Marín

El equipo de gobierno avanza nueva fecha para sacar adelante el contrato de transporte urbano. En verano se quiere iniciar la tramitación, ha informado el concejal de Movilidad, Martín Vila, a este periódico. En junio o julio, más concretamente, se quiere dar el primer paso oficial de ese concurso público que dará a la ciudad el primer contrato del servicio de autobuses urbanos de su historia; paso que consistirá en elevar a pleno la estructura de costes prevista en el pliego. Luego vendrá la aprobación del pliego, la licitación, presentación de ofertas, revisión y un largo etcétera de trámites que deben concluir con nuevos autobuses circulando por la ciudad con nuevos itinerarios, nuevas frecuencias y otro paquete de novedades que por el momento no se ha dado a conocer.

Sobre el papel, todo esto debiera ser cuestión de meses. De pocos meses, seis a lo sumo; por lo que se podría aventurar que el año 2022 lo empezaría la ciudad con la empresa adjudicataria funcionando. Pero el término “estructura de costes” hace desviar la mirada inevitablemente a otro proceso de adjudicación en la ciudad, levantando así los peores temores.

En concreto, la comparativa surge con respecto al contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Y es que fue en diciembre del año 2018 cuando el equipo de gobierno elevó al Pleno al fin su propuesta de estructura de costes, que en primera instancia tuvo que ser retirada del orden del día de la convocatoria y que finalmente quedaría aprobada en ese último pleno del año. Han pasado ya dos años casi y medio de aquel primer trámite del contrato de limpieza, y el proceso sigue a día de hoy en el aire; por lo que el desarrollo que ha tenido esa tramitación se convierte en el espejo donde no mirarse a la hora de sacar adelante este contrato de transporte urbano. Máxime cuando se trata de los dos principales contratos del Ayuntamiento por su montante económico.

Desde aquel diciembre de 2018 en que el Pleno aprobó la estructura de costes del servicio de limpieza, conviene recordar que la tramitación quedó posteriormente suspendida, en verano de 2019, cuando el Tribunal de Contratación Pública entendió que no procedía el carácter de urgencia de la licitación y ordenaba repetir de nuevo todo el proceso con los plazos habituales.

Fue en octubre de ese año 2019 cuando el Ayuntamiento reinició el procedimiento, aprobando por segunda vez el pliego de condiciones del servicio; entonces se abría un plazo de presentación de ofertas vigente hasta enero de 2020. Desde esa fecha, el asunto ha estado en manos de los técnicos municipales, que tenían la misión de desmenuzar, analizar y comparar hasta el más pequeño detalle las tres ofertas presentadas al concurso (la de Cointer, la de Valoriza y la de Acciona, tres de las grandes firmas del sector).

Finalmente, y no sin plantear diferentes dudas, debates y alguna que otra polémica, el Ayuntamiento se decantó por la oferta de Cointer el pasado verano; no obstante, tuvo que requerir diversa documentación y alguna que otra explicación para confirmar que la oferta se ajustaba a términos reales y legales (ante la posibilidad de que se tratara de una baja temeraria). En septiembre de 2020 el Pleno acordaba adjudicar el contrato a Cointer, decisión que después de analizar la nueva documentación aportada por la empresa fue ratificada en el mes de noviembre.

Y cuando todo parecía al fin abocado a la firma del contrato para la próxima década entre esa empresa y el Ayuntamiento, una denuncia de Acciona mantiene paralizado el proceso desde finales del pasado año, pendiente de que el Tribunal de Contratación Pública (dependiente de la Diputación Provincial) emita informe que permita cerrar de una vez el expediente, o todo lo contrario. Fallo que aún no se ha producido y que mantiene el servicio sin actualizar desde que expiró el último contrato el 31 de julio de 2016 y desde que se llevó a pleno ese primer trámite de la estructura de costes en diciembre del año 2018.

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