El proyecto de plataforma pro derribo del edificio de la Aduana en la Plaza de Sevilla no ha encontrado los cimientos necesarios para constituirse como tal, según reconoció ayer a este periódico el ecologista Daniel López Marijuán, uno de sus tres únicos impulsores junto a los arquitectos Julio Malo de Molina y Juan José Jiménez Mata. Es más: no ha logrado sumar ninguno.

Ni Agaden ni la Asociación de Vecinos Cádiz Centro se posicionaron a favor de la demolición de la antigua construcción en un encuentro que celebraron la semana pasada, informó a este periódico el propio López Marijuán. Pese a que sus impulsores contaban en principio con la integración de las organizaciones que forman parte de la Plataforma por un PGOU alternativo, tampoco Izquierda Unida ni Ecologistas en Acción han expresado su apoyo a la propuesta de dinamitar la construcción de los años cincuenta con el objetivo de revalorizar la fachada de la vieja estación de tren.

Los tres impulsores de la eliminación del edificio se quedan solos sin respaldo ciudadano

Los conservacionistas de Agaden sólo contemplan la demolición del almacén anejo al edificio y postergan un posicionamiento sobre el edificio al momento en el que se conozca cuál es en detalle el plan de reordenación urbana de la Plaza de Sevilla que maneja el equipo de Gobierno. Se da la circunstancia de que incluso el Foro Salvemos la Aduana Nueva es partidario de eliminar ese postizo de la construcción original. Y que tanto el secretario general de la organización ecologista, José Antonio Sánchez Martín, y Purificación González de la Blanca, fundadora del colectivo y ex secretaria provincial de la Delegación de Cultura de la Junta respaldaron la propuesta de protección del foro.

En el encuentro celebrado en la sede de Cádiz Centro, el colectivo vecinal tampoco se pronunció a favor de la voladura de la Aduana nueva, pero tampoco se manifestó a favor de su conservación. "Lo importante no es si la Aduana sí o no -explicó a este medio Paco Gómez, portavoz de la asociación- lo importante es la Plaza de Sevilla, qué es lo que se va a hacer allí, porque no lo tenemos nada claro". En la asociación de vecinos aseguran que no disponen de información sobre lo que pretende el equipo de Gobierno. "No sabemos de qué manera afectaría tirar la Aduana en la carretera industrial ni tampoco si el hotel proyectado sobre el vestíbulo entre estaciones tendría más impacto en el entorno que el edificio que se pretende derribar. Desconocemos también el contenido del nuevo convenio firmado entre el Ayuntamiento, la Junta y Adif", añadió el portavoz vecinal.

Paco Gómez confiesa que a los asistentes a la reunión les dejó "fuera de juego" que "quien se suponía que venía en nombre de una plataforma, se presentó a título individual y llegó a afirmar que la postura que defendía estaba fomentada por el actual concejal de Urbanismo". "Si esto es así, que lo haga público; no hacen falta excusas. Y si hay que modificar el plan general, pues que se plantee y se modifique si procede", argumenta.

El Foro Salvemos la Aduana Nueva consiguió en 2009 que la Junta incluyese el edificio dentro del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, después de recabar 3.500 firmas de apoyo.

El informe de dos peritos encargado por la Consejería de Cultura resultó determinante para su catalogación, si bien nunca llegó a ser declarado Bien de Interés Cultural, pese a la petición de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz en 2008.

El portavoz de la nonata plataforma pro derribo difundió a final del año pasado un estudio encargado al prestigioso Estudio Capitel en el que se concluía que la Aduana Nueva "tiene un escaso valor, es anacrónico, muy vulgar y de notable torpeza" y que por esa razón "debe ser desprovisto de la protección oficial de la que hoy, indebidamente por su escaso valor, goza".

El Foro Salvemos la Aduana restó trascendencia a ese "informe de parte" y estimó en unos 15 millones de euros el coste que tendría para el Ayuntamiento de Cádiz el derribo del edificio y la construcción de uno nuevo que albergue la actividad que allí desarrolla un centenar de funcionarios.