La plantilla de Servicios Sociales se ha concentrado este martes frente al Ayuntamiento de Cádiz debido al fin del contrato de 20 personas de su plantilla a la espera de que se ultimen todos los trámites burocráticos para que las plazas se puedan volver a cubrir, “lo que no sabemos si tardará un mes o si hay alegaciones, aún más”, según aseguraba Adela Moreno, secretaria de la delegación sindical de FSP UGT en el Ayuntamiento de Cádiz.

En este conflicto que se produce a nivel laboral hay una doble vertiente. Por un lado está la veintena de personas que tiene que salir de Servicios Sociales una vez que finalizan los programas por los que están contratados el 31 de diciembre.

La otra es la situación en la que se va a quedar Servicios Sociales durante las próximas semanas “porque si ya estamos desbordados, con 20 personas menos, gente con Covid, los que tienen derecho a coger sus vacaciones, etcétera, el servicio va a quedar muy mermado”.

La génesis del problema, según Adela Moreno, es que una buena parte de la plantilla de Servicios Sociales están contratada por programas que se van renovando anualmente. El tema es que muchos empleados vienen trabajando desde hace mucho tiempo en estas condiciones, hasta el punto de que tiene muy claro que se trata de puestos que “son estructurales”.

En la actualidad hay tres programas por los que se nutre a la plantilla de Servicios Sociales: por un lado está el llamado Programa de Concertación, que data de 1988; los equipos de tratamiento familiar, de 2002; y los de dependencia, de 2007: “Son subvenciones periódicas a lo largo de más de 20 años. No estamos hablando de un programa puntual, coyuntural de refuerzo, sino de intervenciones de trabajo que son estructurales. Las prestaciones, el trabajo que se realiza desde la gente contratada para esos programas es el mismo trabajo que realiza el funcionario de carrera. No hay una diferencia en funciones”.

Adela Moreno explica que gracia al Real Decreto del 6 de julio han conseguido que muchas de esas plazas que eran ocupadas por programas, ahora sean estructurales ya de manera oficial. Para ello, se aprobó en el Pleno esa modificación de la RPT y de la plantilla “pero todo eso tienes unos trámites con su plazo de exposición pública y todo que acabaría el 10 de enero. Si no las hay esas plazas ya se publicarían en el BOP pero si hay alegaciones, hay que ir otra vez a pleno y volver a iniciar los plazos”.

La representante sindical asegura que una de las incógnitas que tienen es que no saben si esas plazas van a ser ocupadas por las personas que ahora mismo están trabajando en Servicios Sociales.

Por último, Adela Moreno aseguró que se han movilizado “para evidenciar la situación que vivimos porque somos el último mono”.