Cuando dentro de un tiempo alguien escriba la historia de las dos últimas décadas en Cádiz se fijará, como una cuestión fundamental, en el uso de la ciudad como campo de enfrentamiento entre el gobierno regional y el gobierno local de turno. Escribirá en su momento cómo la Junta asumió a base de decreto la gestión de la vivienda, hasta que se quedó sin dinero; de cómo un acontecimiento de tanto calibre como el Bicentenario quemó buena parte de su presupuesto en disputas entre las administraciones; de cómo se quiso montar un gobierno alternativo al de San Juan de Dios con el único objetivo de hacer la pascua a la entonces alcaldesa, Teófila Martínez. E incluso si nuestro relato se amplía a una década más atrás, se descubrirá como un alcalde socialista, Carlos Díaz, fue ignorado por los suyos desde el gobierno autonómico.

Si en esta memoria histórica se llega a la actualidad se descubrirán nuevas formas en la relación entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía. El cambio se inició, ciertamente, en la última etapa de la popular Teófila Martínez con un convenio urbanístico de calado que, sin embargo, no acabó de desarrollarse y que recibió como herencia el gobierno local que, desde 2015, está al frente de la ciudad.

Que no olvide la Junta que tiene pendiente y sin uso grandes solares en la ciudad

Aquí vemos que la relación nueva entre Ayuntamiento-Junta no tenía nada que ver con lo vivido en años pasados. Que lo incluido en el convenio comienza a cumplirse en parte y que, también, se aportan nuevas actuaciones a ejecutar en la ciudad. Un nuevo tiempo ahora en el que, parece, el hacha de guerra ha quedado enterrada.

Y en esa estamos. Unos y otros dan la sensación que han asumido lo que en numerosas ocasiones ha dicho el alcalde de Cádiz, José María González: que el partido que hay que defender es el que se llama Cádiz, más allá de limitaciones ideológicas.

Que se haya llegado a esta situación, tras tantos años perdidos para la ciudad (Teófila Martínez decía también con razón que son años imposible de recuperar), se ha debido a que la Junta ha constatado que ir en contra de los intereses de Cádiz por una disputa política con su Ayuntamiento aleja a los socialistas aún más del retorno al poder en San Juan de Dios.

Pero, sobre todo, en la concreción de acuerdos y, sobre todo, que éstos se estén, más o menos, cumpliendo, tiene mucha culpa que José María González haya llevado a la realidad su propia defensa de Cádiz como partido y haya sido capaz, procedente él de fuera de la antigua política como activista social, de asumir el papel de político de estado en su versión gaditana, primando los intereses de la ciudad antes que los condicionantes ideológicos. Su capacidad para sentarse con la Junta, con la Universidad, incluso con el gobierno central o la autoridad religiosa demuestra este papel de alcalde de toda la ciudad, más allá de los errores, algunos absurdos y fácilmente evitables, que su gobierno ha acumulado en estos dos años y medio de gestión.

Puestos así, no debemos olvidar que la Junta de Andalucía se está aprovechando de esta capacidad de diálogo de San Juan de Dios para sacar adelante antiguos proyectos, algunos con años acumulados, a bajo coste.

Ahí están los ejemplos ya conocidos de la estación de los autobuses interurbanos o el último de la Ciudad de la Justicia, con ahorros que se cuentan por decenas de millones. O los más de 200 millones que se han evitado gastar tras olvidarse del gran proyecto para Cádiz que los socialistas vendieron en 2004: el nuevo Hospital Regional.

Y mientras, ahí están, también, los inmensos solares donde iban a ubicarse tanto este hospital como la sede judicial. Vacíos desde hace una década larga y sin perspectivas de ser ocupados (¿qué pasa con el complejo educativo vendido hace unos meses para los terrenos de San Severiano y del que no se ha vuelto a saber nada más?). Una ofensa para una ciudad que sufre el más importante déficit de viviendas de toda Andalucía y donde aún son necesarios muchos equipamientos públicos.

Hay que aplaudir los acuerdos entre la Junta y el Ayuntamiento, pero a la vez debemos reclamar mayor agilidad para su desarrollo. Tiempo Libre, Loreto, Chalé de San Luis... y ahora el Centro de Arqueología Submarina, son cuestiones de gran importancia para el desarrollo de la ciudad, para un modelo más social con mejoras económicas en sectores como la cultura o el turismo. Y ya hemos perdido demasiado tiempo.