El gobierno local llevará al pleno de diciembre una ordenanza encaminada a reforzar la inspección urbanística en los locales comerciales.

Son los inmuebles que permanecen cerrados los que preocupan al equipo de gobierno municipal. En primer lugar, porque al hacer la inspección técnica de todo el edificio a veces es imposible acceder a ellos para comprobar su estado. Y en segundo, porque cuando se rehabilitan las fachadas quedan en muchas ocasiones como estaban, con lo que se tiene una baraja oxidada y deteriorada desmereciendo la actuación.

La alcaldesa, Teófila Martínez, adelantó ayer algunas de las líneas principales de la normativa. Los locales cerrados tendrán un año para retirar los elementos ornamentales en fachada que están fuera de ordenación y todos deberán presentar un certificado técnico para demostrar que se cumplen con las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato. Si el propietario no realiza la inspección por sí mismo lo harán los servicios municipales.

Esta ordenanza es, según definió la alcaldesa, una ampliación de la que puso en marcha la Inspección Técnica de Edificios y está basada en el próximo Plan General de Ordenación Urbana.

Aunque la ordenanza afecta a todos los locales -abiertos o cerrados- el Ayuntamiento parte de la base de que con los primeros no hay problema porque se puede entrar en ellos para realizar la ITE.

El Ayuntamiento espera que la ordenanza suponga un aliciente para que locales cerrados salgan al mercado de alquiler. Medidas como la eliminación de viejas marquesinas o la obligatoriedad de adecentar el exterior del local cuando se arreglen fachadas beneficiará "al local, al edificio y a la calle", añadió Martínez.

En materia de vivienda, la alcaldesa explicó que el Ayuntamiento revisará el estado de dos edificios cuya licencia de obra se dio por caducada ayer para ver si existe algún problema de seguridad. Los inmuebles son Hospital de Mujeres, 54 donde había licencia para una rehabilitación parcial, y Virgili, 6, donde el permiso comprende la demolición y la construcción de un edificio con viviendas y garaje.

Por otro lado, el gobierno local aprobó un convenio a firmar con los dominicos para participar en la rehabilitación de su edificio y adjudicó las obras de reimpermeabilización de la cubierta del Teatro Falla a la empresa Acrisur por 111.357,96 euros.

En cuanto a actuaciones en viarios, se han adjudicado los dos últimos tramos de la reforma de la avenida del Guadalquivir a Ocidys, que acometerá el tramo entre Brigadier Torfino y Rafael Picardo O'leary por 110.741,95 euros y el que va de Brigadier Tofiño a Pablo Casals por 132,616,63 euros. La instalación del nuevo alumbrado en Perú y Amiel, también en La Paz, costará 80.000 euros.