La oposición ha reaccionado también a las salvedades que le ha hecho la Cámara de Cuentas. En el caso del Partido Popular, el portavoz Juancho Ortiz ha recordado que el pleno de diciembre de 2018 aprobó por unanimidad una propuesta de este partido para que se ampliara el objeto de la comisión creada en marzo de ese año sobre los presupuestos anulados por el TSJA “para que la misma abarque el estudio de los reparos de intervención realizados hasta la fecha de hoy, la firma de los decretos de Alcaldía que levantan algunos de esos reparos y la realización de contratos menores”. Los populares han recordado que esa comisión de investigación sobre lo denunciado por la Cámara de Cuentas en su informe no se ha convocado desde entonces por lo que han pedido al alcalde que “convoque con urgencia esa comisión, porque ya sabíamos que Podemos camina siempre por el borde de la ley, y el informe de la Cámara de Cuentas no sólo lo confirma sino que pone en un documento oficial una serie de irregularidades que deben tener consecuencias políticas por su gravedad”.

Mientras tanto, la portavoz socialista, Mara Rodríguez, ha recordado que lleva años alertando al equipo de Gobierno y haciendo propuestas para cumplir con las recomendaciones que aparecen en el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la necesidad de mejorar la planificación de los contratos y la estructura del servicio de contratación del Ayuntamiento.

Rodríguez dice que han reiterado en numerosas ocasiones la necesidad “de poner en marcha soluciones contundentes y estructurales para lograr un óptimo funcionamiento de las contrataciones y una mayor transparencia, algo que los responsables municipales se han negado siempre a reconocer”.

Por último, la edil de Ciudadanos Lucrecia Valverde dijo no sentirse sorprendida por la noticia “porque relaciona dos deficiencias del equipo de gobierno que hemos venido denunciando desde hace ya muchos meses””. Así, cree que la más clarificadora es “la falta de gestión y de apoyo en los técnicos y la improvisación continua, que además puede esconder una cierta forma de contratación fraudulenta porque se terminan fraccionando los contratos. Además, en todo caso lo que sí provoca es una pérdida de eficiencia”.