Cuarenta y siete días después de que Miguel Ángel, Francisco y Ana y sus cuatro hijos menores ocupasen una finca de la Junta en demanda de la vivienda digna de la que carecen, ayer por la mañana abandonaron el inmueble de forma pacífica y sin intervención de la policía y entregaron las llaves en el juzgado. Salvo un par de periodistas allí no acudió nadie de ninguna administración, ni para asistirles ni para interesarse por su futuro más inmediato. Los únicos enviados en las últimas semanas fueron dos vigilantes contratados por la Junta para evitar que se ocupasen más viviendas y un encargado de la constructora para retirar -sin éxito- el cartel reivindicativo que colgaron en la fachada.

"Yo ahora no tengo donde ir", dice abatido Miguel Ángel. "Hace unos días, después de solicitar por escrito varias veces una entrevista y que no me la concediera -quiero entender que no ha tenido tiempo para atenderme-, me encontré al alcalde por la calle y me dijo que no podía hacer nada por nosotros. Nos ofreció alojarnos en una planta del Hospital de San Rafael habilitada para mujeres maltratadas y familias desahuciadas, pero le dije que no me parecía adecuado para mis hijos. Si yo estuviese solo, a unas malas, lo aceptaría, pero no creo que sea el lugar para ellos". El mayor tiene 14 años y el menor, 10. "Aunque ellos tienen un techo con su madre, el mayor lo está pasando muy mal porque está pendiente de las noticias y no sabe el futuro que le depara a su padre", reconoce Miguel Ángel conteniendo como puede indignación y tristeza.

"Hoy es un día de pena para nosotros", comenta Francisco. "Ya han cortado la luz y se ha cerrado del todo la esperanza de que nos ayuden en algo". "Nos han tenido callados durante mes y medio y ahora nos dan una patada a la calle". Francisco y Ana, con sus dos hijos -de las mismas edades que los de Miguel Ángel-se vuelven ahora a la casa de la que salieron, una infravivienda con humedades y con el piso de arriba apuntalado. Deben dos meses de alquiler, pero no les queda otra. De momento van a acoger a Miguel Ángel. Si la familia de cuatro vivía en precario, imaginen si suman cinco o siete.

¿Volverían a ocupar una casa? "Yo tengo claro que no, porque ya sé lo que pasaría", dice Francisco. "Además, si fuésemos reincidentes esto ya iría por lo penal y podría tener pena de cárcel, según nos comunicaron en el juzgado. Y yo prefiero la calle que pagar con mi libertad. Esto sólo lo he hecho por mis hijos", apunta Miguel Ángel. Ya están acusados de usurpación y les puede caer una multa de tres a seis meses en la cantidad que fije el juez. "Lo único que quiero es tener a mis hijos conmigo y vivir con ellos como cualquier padre; que gracias a Dios, con su madre, mi ex mujer, me llevo muy bien; nada más que necesito una casa, y el resto lo pongo yo, que para eso tengo dos manos y dos piernas".

Ana en principio no quiere hablar, pero al final se arranca: "Yo sé que lo que he hecho está mal, pero lo he tenido que hacer por mis hijos, porque soy madre soltera y llevan muchos años de pitorreo conmigo, y yo no quiero que mis hijos sigan viviendo entre puntales y en continuo tratamiento por las humedades... Y las casas las están entregando a dedo... y a mi me la están negando".