El gobierno de José María González está avanzado de forma notable en la reactivación del Plan Plaza de Sevilla, paralizado desde hace años a pesar de considerarse una de las actuaciones urbanísticas más importantes de la ciudad.

Jugando a tres bandas, la intención del Ayuntamiento es solventar todos los problemas que han ido apareciendo por la falta de recursos con los que Adif, la empresa pública que debía de asumir buena parte de las obras pendientes, ha justificado la paralización de la actuación y que va a motivar, en breves fechas, la inclusión de una serie de cambios en el convenio que en su día firmaron el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

Todo está relacionado. Aunque la prioridad de la concejalía de Urbanismo, con Martín Vila al frente, es urbanizar la avenida de Astilleros, la operación está conectada con negociaciones con diversas administraciones del Estado. Por lo pronto, con Adif se está cerrando un acuerdo trascendental para la operación: la administración local asumirá la ejecución de la nueva avenida y la urbanización del parque de la muralla a cambio de recibir el solar que, destinado a usos administrativos y comerciales, se encuentra paralelo a la estación férrea y junto a la nueva terminal de los autobuses interurbanos.

Cuando se haya cerrado esta operación, el Ayuntamiento podrá cerrar el acuerdo que ya negocia con el Ministerio del Interior para la ubicación en parte de este suelo de la nueva Comisaría de la Policía Nacional. Las conversaciones van muy adelantadas, según destaca a este diario Martín Vila. Interior necesita 7.000 metros de edificabilidad y una serie de actuaciones urbanísticas que ya han sido incluidas en el plan de reforma de la avenida de Astilleros, presentado hace unos días por el Ayuntamiento.

A cambio de quedarse con este suelo, Interior cederá al Ayuntamiento el solar de la antigua Comisaría en la avenida de Andalucía (edificio que cerró por su mal estado) y las dependencias que tiene igualmente en el frente de Puerta de Tierra.

Vila adelantó a Diario de Cádiz que el objetivo del gobierno local es modificar el PGOU para que el suelo de la Comisaría tenga uso hotelero. En este sentido, indicó que "ya hay inversores interesados en esta operación". El pasado 6 de julio hubo una reunión entre el Ayuntamiento y representantes de Interior. El objetivo del Ministerio es que como muy tarde a finales de 2019 puedan estar ya en marcha las obras del nuevo complejo policial en la avenida de Astilleros.

Este equipamiento público compartirá suelo con la nueva sede que allí pretende levantar también el Servicio Público de Empleo, que hoy tiene su sede en oficinas de la Zona Franca. El SEPES necesita una edificabilidad máxima de 2.000 metros cuadrados.

Pero la parcela que se quedará el Ayuntamiento tras el acuerdo con Adif da para más. Hay suelo para una tercera actuación que el Ayuntamiento no descarta que sea también hotelero.

La venta de estas dos parcelas permitiría ingresar plusvalías al Ayuntamiento de Cádiz, dinero que se destinaría en la urbanización de la Avenida. Teniendo en cuenta que hay que ultimar detalles administrativos y cerrar los acuerdos de venta, la previsión con la que trabaja Urbanismo es que las obras de construcción de la nueva avenida no empiecen antes de un plazo de año y medio o dos años.

En todo caso, esto no va a significar que esta vía siga en el precario estado en la que actualmente se encuentra. El Ayuntamiento va a acometer una serie de obras para mejorar el acceso a la nueva estación de autobuses, que la Junta espera abrir tras el verano, a la vez que va a habilitar suelo para aparcamientos en superficie en el terreno que está hoy en precario en uno de los laterales de la avenida y en un amplio espacio cedido por la Autoridad Portuaria. Estas obras las ejecutará la Empresa Municipal de Aparcamientos.

El próximo mes de septiembre hay una nueva reunión con Adif para ultimar los detalles del desbloqueo de la operación en Plaza de Sevilla.