Cadiz tiene un amplio listado de peticiones, exigencias, al futuro gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, si finalmente el abrazo entre Pedro Sanchez y Pablo Iglesias acaba con la constitucion de un nuevo gabinete. 

Si de la Junta de Andalucía la ciudad sigue esperando actuaciones vitales para nuestro desarrollo en materia de equipamientos y, especialmente, vivienda, el Estado tiene también numerosos temas pendientes con Cádiz igualmente importantes.

Actuaciones en materia de empleo, patrimonio, cultura y, también, vivienda están pendientes desde hace años de las inversiones estatales.

Más allá de la promoción de viviendas protegidas, la ciudad tiene un grave problema al limitarse la posibilidad de construcción de pisos de nueva planta ante su reducido término urbano ya casi agotado. Aquí cabría plantearse, como en alguna ocasión se ha dicho desde el Ayuntamiento, un tratamiento especial para Cádiz sólo posible si hay una decisión política. No debe considerarse algo inviable, basta con recordar que durante la gestión de Teófila Martínez, el gobierno de la nación concedió una tratamiento económico especial, con un ingreso extra anual de, entonces, 800 millones de pesetas.

En manos de la administración estatal está también adoptar medidas para facilitar proyectos de rehabilitación, esencial en una ciudad que tiene un casco antiguo tan extenso y habitado como el nuestro.

El paro comenzó a crecer de forma notable en Cádiz tras la crisis económica de finales de los setenta y la marcha o cierre de buena parte del tejido industrial de la capital. A cambio, la iniciativa privada no ha podido asumir el papel de motor económico en este sector, más allá de su relevancia en el comercio y la hostelería.

El nuevo gobierno debe de esta forma asentar el crecimiento de los astilleros de la Bahía. Cabe pensar que desde Unidas Podemos se asumirá que es necesario fortalecer la carga de trabajo en Navantia y no rechazar contratos que, en Cádiz y su Bahía, crean empleo. Ya lo advirtió en su día el alcalde José María González, socio ideológico de UP.

Junto a ello, el Estado tiene en sus manos la definitiva reactivación del polígono exterior de la Zona Franca, como único espacio industrial que queda vacante. Cabe esperar un apoyo económico más decidido. No olvidemos que hace unos años se prometieron inversiones que rondaban los 600 millones de euros. Que fuese un compromiso planteado por otra fuerza política, en este caso el PP, no quita que se afronte un plan especial y urgente para revitalizar este suelo, sin obviar que el Ayuntamiento tiene que acelerar los cambios urbanísticos que sean necesarios para estas operaciones.

De la misma forma, el gobierno central debería de hacer suya una participación intensa y decidida en la reordenación del suelo portuario, donde la APBC prevé equipamientos de ocio e industrias relacionadas con el sector marítimo. Será una operación costosa donde, además del dinero privado, será necesaria una aportación clara de dinero público.

Ninguna administración parece entender la importancia que para Cádiz como ciudad tiene su histórico patrimonio. La falta de gobierno, la falta de presupuestos, ha paralizado el plan de recuperación del frente marítimo de las murallas de la ciudad, iniciado en su día por la Dirección General de Costas.

Las murallas han tenido una posición relevante en nuestra historia y hoy deberían de jugar un papel esencial en nuestra apuesta por la cultura y el turismo. Se le debe de exigir al Estado agilidad en esta recuperación y fondos suficientes para ejecutar un buen trabajo. Aquí también debe de jugar la referencia histórica de Cádiz y un diseño único, en cuanto a fortificaciones, en toda España.

A este asunto se le debe de añadir, con carácter de extrema urgencia, la rehabilitación integral del castillo de San Sebastián, una joya cada vez más al borde de la ruina. Será un error que el Estado se desentienda de este proyecto que, por su elevado coste, no puede ser asumido por un Ayuntamiento que, además, está dando muestras cada vez más evidentes que para ellos el Patrimonio histórico de Cádiz no está entre sus prioridades.

En manos del Estado está también la construcción del nuevo complejo de oficinas de la administración central en la plaza de la Constitución. El proyecto ya se aprobó en su día, pero la operación lleva parada desde hace cerca de dos décadas.

Más importante, en materia de infraestructuras, es el Plan Plaza de Sevilla. No olvidemos que buena parte de la responsabilidad del parón que acumula este proyecto es responsabilidad de una empresa estatal: Adif. Ahora que el Ayuntamiento ha planteado y conseguido cerrar un nuevo acuerdo para reactivar este Plan, seguimos a la espera que la propia Adif rubrique el nuevo convenio y que el Ministerio del Interior afronte con urgencia la construcción de la nueva sede de la Comisaría de la Policía Nacional en la Avenida de Astilleros.

Unidas Podemos gobierna Cádiz rozando la mayoría absoluta tras las últimas elecciones locales. El apoyo del PSOE gaditano es esencial para sacar adelante diversas propuestas de ciudad. Ambos partidos tienen ahora la oportunidad en Madrid de hacer ver que Cádiz existe, como Teruel.