La Junta no ha conseguido convencer a los propietarios de 17 de las 61 fincas con infraviviendas detectadas en la ciudad para que rehabiliten, con o sin su ayuda. Ahora, la situación de estos inmuebles será comunicada al Ayuntamiento gaditano para que tome cartas en el asunto en forma de requerimientos y, llegado el caso, de expropiación.

Eladio García, coordinador de los Programas de Actuación para las Áreas de Rehabilitación en Andalucía, explica qué es lo que ha ocurrido en estos 14 casos. Para empezar, explica que se ha hecho un estudio de las más de sesenta fincas, de forma que cuando se sentaba a los promotores se le hicieran propuestas lo más concretas posibles.

Para ello, además, se han aplicado las cuentas del nuevo plan de vivienda, que está sólo a la espera de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para entrar en vigor. Esto tiene su importancia, puesto que el nuevo plan aumenta las ayudas que se pueden dar, a fondo perdido y por vivienda, hasta llegar a los 45.000 euros. A los propietarios se les ha ofrecido no sólo la posibilidad de rehabilitar con estas ayudas autonómicas, sino también la de comprarles la casa y aunque la Junta "no puede pasar de unas cantidades determinadas", indica García, tiene compromisos firmados para adquirir tres inmuebles. Con otros 20 ha llegado a acuerdos para rehabilitar, y en todos ellos calcula que invertirá 16,5 millones de euros.

Pero en 17 casos, estos argumentos no han conseguido convencer a los propietarios. En la mayoría, indica el coordinador, por condicionantes económicos. Eladio García indica que las cuentas que hace la Junta corresponden a actuaciones profundas, que pueden ser de reconstrucción si no son fincas protegidas o de rehabilitaciones integrales si lo están; en muchos casos, el mal estado de los inmuebles obligaría a realizar demoliciones en el interior. Y rehabilitar "tiene el coste que tiene". Pese a las ayudas, la mayor parte de las negativas se corresponde a propietarios que no han querido realizar su parte de esfuerzo económico porque prefieren seguir en la misma situación si no tienen requerimientos de obras por parte del Ayuntamiento y, si los tienen, les sale más económico cumplirlos haciendo las obras puntuales que se le exigen.

También hay cuatro casos en que los dueños estaban dispuestos a vender, aunque no por el precio que ponía la Junta, sino por más, y uno bastante singular en el que es "inviable" regularizar la situación registral del edificio. En otras ocasiones, la propiedad no ha dado más explicaciones y se ha limitado a dar un escueto "no estamos interesados".

También apunta a que se ha sido escéptico cuando la propiedad ha dicho que rehabilitaría por su cuenta. Sólo figuran en este apartado del listado las nueve fincas para las que ya hay proyectos y licencias. Además, todas pertenecen a dos promotores.

Con respecto a los nueve inmuebles aún en conversaciones, García explica que se suele tratar de casos en los que hay varios propietarios -normalmente herederos- que se tienen que poner de acuerdo sobre si rehabilitan, venden o no hacen nada.

El coordinador indica que en algunos casos ha "empeorado la relación" con la propiedad el hecho de que algunos viven fuera y no ha habido cara a cara, aunque en estos casos se ha negociado por teléfono y las ofertas han sido remitido a los domicilios.