Cuatro años abiertos al público sin gasto alguno en concepto de alquiler del local. Así han vivido los negocios que quedan en el edificio de Tiempo Libre desde el 1 de enero de 2016. El proceso de desalojo de los locales en el que está inmerso la Junta de Andalucía para cumplir con el compromiso adquirido en el pliego de la subasta pública (enajenar la antigua residencia “libre de cargas”) es el episodio final de una prórroga que se ha alargado cuatro años.

El 31 de diciembre de 2015 finalizaban los contratos de los inquilinos que ocupaban los bajos de la residencia de Tiempo Libre. Cerrada al público desde el año 2007, esos contratos con negocios de hostelería no podían renovarse más debido a la situación administrativa en la que se encontraba un edificio cuya catalogación en el PGOU estaba entonces pendiente de modificación para albergar la actividad hotelera que ahora se proyecta.

En aquel momento, tras las protestas de los locales afectados, la Junta de Andalucía decidió dilatar todo lo posible los trámites administrativos que conllevan el final de una relación contractual que en algunos casos se remontaban a varias décadas; todo ello teniendo en cuenta que por aquel entonces la tramitación del PGOU iba excesivamente lenta, entre otras razones porque el gobierno que en junio de 2015 llegó al Ayuntamiento de Cádiz no veía con buenos ojos que Tiempo Libre pasara a manos privadas y se convirtiera en hotel.

Ya entonces la Junta reconocía que no tendría prisa a la hora de tramitar los desalojos, planteando el escenario ideal de que ese cierre coincidiera con el cambio del PGOU y el inicio del proceso concursal para enajenar la parcela.

Por este motivo, desde el 1 de enero de 2016 estos negocios de los bajos de Tiempo Libre no han abonado cuantía alguna en concepto de alquiler (cuatro negocios en esa fecha, que luego han ido cerrando hasta quedarse en los dos últimos; la cervecería que fue desalojada por orden judicial la pasada semana y la freiduría que está pendiente de que la administración autonómica proceda al desalojo). Y la Junta tampoco lo ha reclamado, entre otras cuestiones porque haberlo hecho podría haber dado argumentos jurídicos a los hosteleros para defender su permanencia en este edificio del Paseo Marítimo.

Así las cosas, y solventado hace unos días el cierre de la cervecería, la Junta de Andalucía está ya a la espera de recibir autorización judicial para proceder al desalojo del último inquilino de Tiempo Libre. En este sentido, fuentes de la administración andaluza han trasladado que se va a reclamar a la jueza que está llevando este asunto que retome el desalojo, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya desestimado recientemente la solicitud de suspensión del desalojo que reclamó la freiduría.

En paralelo sí se mantiene abierto un proceso judicial por el recurso presentado por los hosteleros a la petición de recuperación del edificio que elevó en su momento la Junta. Pero desde el gobierno andaluz se precisa que ese procedimiento irá en paralelo a la ocupación definitiva del edificio completo y el traspaso que en cuestión de días se hará a la nueva propietaria (Vico Black 98).

“La Junta se comprometió a vender libre de cargas el inmueble y seguirá con este proceso hasta el final”, han trasladado desde la administración autonómica, insistiendo en que a pesar de la firma de las escrituras prevista para la próxima semana seguirá tutelando la defensa judicial ante el procedimiento abierto a instancias de los dos negocios que hasta este momento se han mantenido abiertos en Tiempo Libre.