Desde la entrada en vigor de la nueva Ley Antitabaco que prohibe fumar en espacios públicos cerrados, la tasa de ingresos hospitalarios por infartos de miocardio ha disminuido en España diez puntos por encima de las previsiones más optimistas que manejaba el Ministerio de Sanidad, hasta situarse en un 20%. A este dato, entre otros, se agarran los expertos en cardiología para reconocer que se quedaron estupefactos cuando Mariano Rajoy, durante su campaña electoral, dejó entrever cierta permisividad con el tabaco, sobre todo en el sector de la hostelería. Enrique Otero, coordinador de la Unidad de Prevención y Rehabilitación Cardíaca del Puerta del Mar, comentaba a este diario que no entendía "cómo con este dato se discute si quiera la posibilidad de volver a dar un paso atrás en materia sanitaria y que, además, está suponiendo unos recortes enormes en dinero público".

Según un informe realizado en diciembre de 2010 por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo sobre el impacto potencial en la prevalencia y en la mortalidad de las medidas antitabaco, la prohibición de fumar en la hostelería (1.060), las campañas educativas en los medios de comunicación social (1.855), las advertencias sanitarias con imágenes en las cajetillas de tabaco (530), el acceso general a los tratamientos de deshabituación (132) y la implantación de una línea telefónica para dejar de fumar (212) podría reducir la prevalencia de los fumadores un 15% y evitar 3.789 muertes anuales por tabaco en España. Con un incremento del precio del 10% podrían reducirse las muertes otro 10%, llegándose a un 20%, con lo que se evitarían otras 1.060 víctimas, hasta llegar a un número de muertes prematuras evitadas cercano a las 5.000.

El doctor Otero advierte también del riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares que sufren los fumadores pasivos y que si trabajan en lugares donde se fuma puede crecer considerablemente. "Pensamos que las expectativas que se fijaron cuando se aprobó esta ley se han cumplido con creces, así que nuestra opinión es que hay que mantenerla porque lo primero es velar por la salud de los ciudadanos".

Además, con los números en la mano, Otero defiende que las pérdidas de que habla el sector hosteleros no son tales y que el consumo de tabaco en las empresas supone unos costes anuales de 8.780 millones de euros desglosados del siguiente modo: 292,57 en concepto de absentismo laboral por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco; 6.720,80 como pérdida de productividad por el tiempo que se pierde mientras se fuma y 1.768,50 en los costes adicionales de limpieza y conservación de las instalaciones.

El mismo informe que arroja estos datos de la evaluación del tabaquismo sobre los costes empresariales y sanitarios realizado también por el CNPT, dice que antes de la entrada en vigor de la Ley Antitabaco cada trabajador que fuma en España costaba a su empresa unos 1.500 euros al año. Este cálculo incluye desde el coste de bajas laborales hasta la limpieza del entorno afectado por el humo del tabaco. Con la aplicación de la legislación, estos costes podrían reducirse entre un 4,29 y un 48% en los próximos 5, 10 y 15 años.

También indica que el conjunto de fumadores en España impuso en 2005 unos costes directos al Sistema Nacional de Salud en torno a los 6.800 millones de euros, costes que crecerían hasta los 9.000 en 2020, en un escenario sin la aplicación de le ley.

El doctor Otero quiso resaltar para finalizar que la ley antitabaco era una prioridad y que una vez conseguida "hay que seguir avanzando en ese sentido".