El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ignacio Romaní, entregó a la prensa un informe sobre la empresa municipal de la que fue presidente, Aguas de Cádiz, con la fecha manipulada. Romaní quería demostrar con este informe en qué se habían utilizado parte de los 42.000 euros pagados entre 2011 y 2014 a un observatorio creado por el que iba a ser el director de su tesis, el catedrático de la UCA Carlos Guillén, y, al mismo tiempo, disipar las dudas sobre el contenido de su trabajo doctoral. Tal y como afirmaba Romaní, que también enseñó a la prensa su tesis, el trabajo de Guillén para Aguas de Cádiz no tenía nada que ver con el que le había permitido obtener su título. Sin embargo, todo apunta a que ese informe se improvisó mucho después.

Guillén aseguró en su día a Diario de Cádiz que el informe se había entregado en Aguas de Cádiz en el otoño de 2014, sin embargo, el informe que Romaní mostró el pasado 18 de abril tenía fecha de marzo de 2015. Esto podía ser un simple error, pero lo cierto es que al día siguiente de aparecer la información con las dudas acerca de la cantidad pagada por la empresa municipal a Guillén, el catedrático entregó a primera hora de la mañana a Radio Cádiz el informe que había realizado, que no era exactamente tal, sino una auditoría, algo que nadie le había solitado en esta empresa. Este informe, según reveló ayer esta emisora, tenía fecha de septiembre de 2014 y contaba con el logo del Observatorio que dirigía Guillén. Poco más de dos horas después Romaní entregó un informe sin el logo del Observatorio y con otra fecha, que además aparecía en un cuerpo de letra y color diferente. Pese a que este medio le pidió el archivo, Romaní se excusó y se limitó a entregar la copia en papel.

El motivo parece estar en que en el informe, repleto de datos sacados de la propia empresa municipal y que, por tanto, no aportaban nada nuevo a Aguas de Cádiz, se incluían hechos como el incidente del agua contaminada en la barriada de Loreto. Aquello sucedió en octubre de 2014, es decir, de ningún modo podía existir una referencia a este hecho en un informe entregado en septiembre de 2014. Tampoco era posible contar en esas fechas con una encuesta de nivel de satisfacción realizada por la propia empresa y cuyos datos no se conocieron hasta enero de 2015.

En las facturas dadas a conocer por Diario de Cádiz y Radio Cádiz Carlos Guillén se dirigía a Aguas de Cádiz pidiendo una subvención de 43.000 euros para realizar una investigación sobre la responsabilidad social dentro de la empresa municipal, algo sobre lo que posteriormente versaría la tesis de Romaní, si bien el concejal lo ampliaría a todas las empresas municipales. Con posterioridad Guillén justificó que aquellos pagos no eran para ese estudio, sino que, en realidad, se utilizaron para la realización de una serie de jornadas. Las jornadas se realizaron, pero en ninguna parte aparecía el logo de Aguas de Cádiz como colaborador, cuando sí aparecían el nombre de otras empresas. En Aguas de Cádiz nunca hubo constancia de la existencia de este informe, lo que Guillén achacó a que lo entregó a un empleado de la empresa sin pasarlo por el registro.