Cádiz

El juez ve indicios "contundentes" de que un jefe de la Udyco provocó delitos

  • El Juzgado de Instrucción número 4 afirma que de la investigación se desprende que el inspector encargó a un confidente que colocase hachís en el aseo de un bar que luego fue registrado y clausurado

El Juzgado de Instrucción número 4 ha apreciado indicios "contundentes" de que el inspector V.R.R. provocó varios delitos en 2006, cuando se encontraba al frente del Grupo II de la Udyco de Cádiz. El juez explica en un auto que el policía pidió a un confidente que vendiese hachís a personas que eran sospechosas de traficar con esa droga para así poder detenerlas, según se desprende de la investigación realizada. El magistrado detalla, entre otras actuaciones, un registro en un bar en el que fue hallado hachís y señala que hay indicios suficientes de que el inspector encargó previamente al confidente que colocase la droga en el aseo del establecimiento.

El auto judicial, que convierte unas diligencias previas en procedimiento abreviado, es un paso más que importante en un asunto que ha deparado una ardua investigación en la que ha participado la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). La defensa del policía imputado reclamó el archivo del caso, pero el juez se ha encontrado con "elementos indiciarios contundentes", según explica, que obligan a continuar con la tramitación de la causa. El siguiente paso lo dará ahora la Fiscalía, que decidirá si presenta un escrito de acusación o solicita el sobreseimiento de la causa.

El policía encausado no ha sido apartado del servicio durante la investigación del caso pese a la gravedad del asunto. El juez instructor se hace eco de la trascendencia del caso al anotar que puede dar lugar a la revisión de causas penales ya sentenciadas: aquellas en las que haya participado el inspector imputado, sobre las que caería la sospecha de fraude si el policía es finalmente acusado por el fiscal (algo probable en este momento) y condenado en este asunto.

El auto ve indicios de que el inspector pudo cometer tres delitos: contra la salud pública (tráfico de drogas), falsedad en documento público y omisión del deber de perseguir delitos. No aprecia el juez instructor que V.R. incurriese en cohecho, por lo que ha decidido el sobreseimiento de las actuaciones contra él por ese delito. El magistrado también opta por archivar el caso respecto a un segundo policía y continuarlo contra un tercero porque ve indicios de un delito de falsedad en documento público. El auto considera prescritos otros delitos imputados en principio a esos dos agentes.

El caso que previsiblemente llevará al inspector imputado al banquillo comenzó con las denuncias presentadas por dos testigos protegidos. El auto que ordena continuar con la tramitación de la causa se apoya en lo denunciado por uno de ellos, TP1, quien sustenta su acusación en grabaciones de conversaciones con el policía que el juez estima "de carácter bastante revelador".

El magistrado explica que hay indicios de que el entonces jefe del Grupo II de la Udyco, dedicado a al represión del tráfico de drogas a pequeña escala, llegó en algún caso a darle a TP1 hachís procedente presumiblemente de otras incautaciones, a facilitarle dinero para que adquiriese hachís o a permitir que lo comprase.

El juez instructor no sabe por qué V.R. actuó así (por motivos "no especificados", anota). Pero asegura que no lo hizo con ánimo de lucro. El magistrado apunta que probablemente el policía buscaba resultados profesionales.

El auto describe varias operaciones de delitos provocados. Una de ellas es la desarrollada en un bar en marzo de 2006. El confidente depositó en el servicio 20 gramos de hachís que supuestamente le entregó V.R.; luego vino el registro policial y unas diligencias que después, a petición del fiscal, fueron archivadas.

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