El Partido Popular amenazó en el pleno extraordinario del lunes con llevar a los tribunales los presupuestos municipales aprobados precisamente en esa sesión con los votos de los dos partidos del equipo de gobierno, el PSOE y Ciudadanos.

El Partido Popular tiene en el punto de mira una partida relacionada con la remunicipalización a la que también hizo referencia Ciudadanos en una de sus intervenciones. Concretamente, José Blas Fernández hace referencia a que se ha presupuestado 218.000 euros más de lo que aparecía en la memoria justificativa para la remunicipalización.

En este sentido, el Partido Popular pone de manifiesto que en las cuentas aprobadas el pasado 19 de abril en el consejo de administración de Cádiz 2000, en el apartado de aportaciones del ayuntamiento (a modo de subvención) para el funcionamiento del servicio completo de gestión de servicios de playas arrojó una cifra de 2.506.500 euros.

A juicio del Partido Popular, esto supera "con creces" el importe que se refleja en la memoria justificativa en la cual se basan los cálculos de este proceso, en concreto esos 218.385 euros mencionados anteriormente. En ese documento, el interventor reseñaba que el importe anual del servicio era de 2.288.114 euros.

Uno de los elementos que se reflejaban en el informe de intervención que la justificación del cambio de modo de gestión del servicio pasaba necesariamente por no incrementar la estructura de coste propuesta "que deberá mantenerse, con las modificaciones mínimas imprescindibles, estable a lo largo del tiempo".

En este sentido el Partido Popular no entiende un incremento que considera que es "sustancial".

El Grupo Municipal del Partido Popular ya se quejó anteriormente de que se produjera este incremento de 218.000 euros, que ya el servicio tenía un coste superior a los 120.000 euros si se hacía la comparación con el coste que tenía actualmente.

De este modo , criticaron en su día que el ahorro anunciado se basaba en comparar el coste de la municipalización con un teórico coste real de las empresas y no con respecto a lo que cobraban en ese momento las empresas que lo prestaban.

Por todo ello, desde el PP se asegura que finalmente el servicio municipalizado va a tener un coste cercano a los 340.000 euros.

José Blas Fernández advirtió el otro día en el pleno que iban a votar en contra para poder reservarse el derecho de llevar estos presupuestos a los tribunales por este incremento en el coste de la municipalización.

Cabe recodar que los de 2016 acabaron en los juzgados y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le dio la razón a los populares en su denuncia y anuló las cuentas.