El gobierno local se va a ver abocado a utilizar un decreto de la Alcaldía para mantener el servicio de limpieza de la ciudad a partir del próximo 31 de julio. En esa fecha concluirá la prórroga extraordinaria del contrato con la concesionaria Sufi-Cointer, que ya suponía a su vez una prórroga a otra firmada hace dos años, cuando concluyó el periodo de vigencia, diez años, del contrato.

La firma del decreto es el único mecanismo posible para que la ciudad no se quede sin la limpieza viaria ya que aún no se ha puesto en marcha el concurso para la nueva adjudicación del servicio. La utilización del decreto, un caso nada habitual en los ayuntamientos españoles, fue adelantada ayer por el PSOE aunque no ha sido confirmada por el gobierno local.

El PSOE no descarta denunciar al juzgado el silencio del gobierno ante sus preguntas

El portavoz socialista, Fran González, lanzó un duro alegato contra la gestión del equipo de José María González en materia de concursos de servicios públicos, y en especial el de la limpieza, el más importante del Ayuntamiento pues implica un coste de 16 millones de euros al año con una plantilla que, según el mes, oscila entre los 270 y 300 trabajadores.

González mostró su preocupación por la incapacidad del gobierno local de, tras tres años de mandato, poner en marcha el pliego de condiciones para la limpieza, "cuando al comienzo ellos llegaron a decir que era un servicio a rescatar. Llevamos escuchando desde hace tiempo la inminencia del pliego. Hemos trasladado múltiples denuncias sobre el desarrollo del servicio e incluso aún estamos pendientes de recibir la documentación que se nos iba a aportar tras la comisión de investigación después de la dimisión (como concejal del área) de Bauza".

Constata el portavoz socialista que "al gobierno municipal se le llena la boca de llamadas al diálogo y desde febrero no sabemos nada de la comisión encargada de elaborar el pliego de condiciones". A la vez, el PSOE teme el coste que para las arcas locales va a tener el decreto que dé continuidad al servicio. "La incapacidad del gobierno le va a costar dinero a los ciudadanos. Hemos pedido a Secretaría e Intervención que nos cuantifiquen las compensaciones que se han tenido que pagar a la concesionaria", tanto en las dos prórrogas ya consumidas como con el futuro decreto. "Alguien tendrá que asumir la responsabilidad política por esta situación", reclama también Fran González, que calificó el uso de un decreto de la Alcaldía "como una excepcionalidad insólita en España, sobre todo cuando ha habido tiempo más que suficiente para elaborar el nuevo contrato y adjudicarlo".

En este sentido, confió en que el gobierno de González no culpe a los técnicos municipales por la tardanza en sacar adelante este concurso. "Sea un problema de uno o de tres departamentos,sí es un problema de quien gobierna. Que digan dónde está el problema pero que no culpen a los técnicos".

Menciona también el portavoz socialista la situación en la que se encuentra la plantilla, criticando que el propio Ayuntamiento se implique en las negociaciones del nuevo convenio, un documento que podría incluso afectar al texto del pliego de condiciones.

Aquí, el equipo de gobierno afirmó ayer, a través de un comunicado de prensa, que "somos nosotros los que nos ofrecimos como mediadores para resolver el conflicto abierto entre trabajadores y empresa y somos los que nos estamos reuniendo con ambas partes para llegar a un acuerdo que beneficie la ciudad".

Hay que tener en cuenta que aunque el pliego salga ya a concurso el proceso administrativo antes de que se firme el contrato con la nueva concesionaria se puede alargar entre un año y año y medio.

El PSOE denunció también que además del servicio de la limpieza, hay otros más en la gestión de la ciudad que se encuentran en situación de prórroga.

El silencio como respuesta ante las peticiones de información que se plantea desde el grupo socialista, llevó ayer a Fran González a no descartar alguna actuación legal contra el equipo de gobierno. "Permanentemente estamos solicitando información y no recibimos contestación alguna, por lo que en su momento actuaremos judicialmente", adelantó Fran González recordando el reciente caso de la ex alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado.