Cádiz

La gestión del futuro Portillo podría pasar a manos privadas

  • El Ayuntamiento sacará a la venta, para residentes, las 200 plazas de su aparcamiento

El Ayuntamiento no descarta dejar en manos de una empresa privada la gestión del nuevo pabellón Portillo, una vez se construya el equipamiento, según confirmó a este diario el primer teniente de alcaldesa, José Blas Fernández, que es a su vez presidente de EMASA, la empresa pública que va a ejecutar las obras del aparcamiento subterráneo y de las instalaciones deportivas.

La empresa municipal ha tenido que asumir este proyecto al no acudir ninguna firma privada al concurso abierto, tras la retirada de la anterior adjudicataria y, sobre todo, tras la paralización por parte de la Junta del proyecto de la Ciudad de la Justicia, que se iba a construir en un solar vecino (donde estaba la Institución Provincial Gaditana) y que iba a utilizar el amplio aparcamiento subterráneo previsto en el diseño del nuevo pabellón.

Con esta actuación en manos del Ayuntamiento, la intención tener listo a lo largo del próximo mes de enero de 2015 todo el proceso administrativo para, de esta forma, reiniciar las obras. Hay que tener en cuenta que la anterior empresa constructora ya ejecutó una de las fases más complicadas como es la apertura del hueco para el aparcamiento subterráneo y, sobre todo, la instalación de las paredes laterales de hormigón, lo que va a facilitar y agilizar el trabajo desde el momento en que éstos se reanuden.

Este nuevo aparcamiento subterráneo contará con cerca de doscientas plazas. Una vez que la Junta no está por la labor de construir en las inmediaciones la Ciudad de la Justicia, se reconoce que las necesidades de un estacionamiento tradicional se reducen notablemente, hasta el punto que no hay constructoras interesadas en el proyecto debido a esta circunstancia. Ante esta situación, EMASA se plantea sacar a la venta, para los residentes, las doscientas plazas que, en dos plantas, se van a crear en este solar. José Blas Fernández destaca en este sentido la buena aceptación que tuvo en su día una operación similar realizada en La Laguna, destacando a su vez la falta de estacionamientos que hay en San Severiano.

Junto a ello, según adelanta el edil, el equipo de gobierno está estudiando la posibilidad de que el futuro pabellón deportivo, sea gestionado por una empresa privada y no por el Ayuntamiento, como pasa hasta ahora con las restantes instalaciones deportivas que la administración pública ha ido construyendo por toda la ciudad. Asume Fernández que ya hay un elevado número de equipamientos que sacar adelante, con el coste que ello supone, evidenciando en numerosas localidades funcionan pabellones gestionados por la iniciativa privada. De salir adelante esta propuesta, al adjudicatario se le impondrían una sería de obligaciones para favorecer el uso de las instalaciones por toda la ciudadanía, con precios públicos asequibles para todos.

En julio de 2013 ya se anunció la existencia de una empresa, especializada en la gestión de espacios deportivos, que había mostrado su interés por el control del pabellón Portillo. La empresa Supera gestiona 27 centros en todos el país, uno de ellos en Puerto Real.

Con todo, el proyecto del pabellón Portillo acumula ya un retraso de seis años, desde que cerraron sus puertas el antiguo edificio. Desde un primer momento la obra se ha topado con numerosos proyectos, desde la existencia de una vivienda en el solar afectado hasta la presencia de restos arqueológicos en el subsuelo para terminar con la marcha de la empresa constructora a la que se le había adjudicado el proyecto. El retraso es tal que en su momento se tuvieron que retirar paneles publicitarios del Ayuntamiento ubicados en algunos puntos de la ciudad en los que aparecía un flamante edificio, como futuro Portillo, para unas obras que nunca avanzaban.

La idea inicial del Ayuntamiento respecto al diseño del edificio era, ciertamente, ambiciosa pues incluía una serie de servicios deportivos en el complejo nada habituales en los pabellones tradicionales, oferta que, en todo caso, elevaba el coste de la operación y que ahora se podría también replantear para evitar que el precio final de la obra, aún no calculado, no dispare en tiempos de recortes de gastos en la administración.

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