Una semana. Este es el plazo que está dispuesto a esperar la Junta para que las concepcionistas, herederas de Paco Alba, 5, acepten el legado, se lo venda por 270.450 euros e indemnicen al usufructuario con el 14% que le corresponde. Si no se cumple el plazo la Junta se desvinculará de la finca. El derrumbe de un techo, el miércoles, ha precipitado las cosas y abocado a los vecinos a llamar a todas las puertas posibles.

De las cinco familias afectadas, tres están en casa de familiares y otras dos, en un hostal (con el que por cierto no están muy contentos) facilitado por el Ayuntamiento. Están con lo puesto, con lo poco que se pudieron llevar de sus casas tras el derrumbe. Ayer, los vecinos hablaron con el concejal de Urbanismo, Ignacio Romaní, con los funcionarios de Asuntos Sociales, con la gerente de la Oficina de Rehabilitación, Silvia López, con el administrador... lo único que sacaron en claro es que el Ayuntamiento seguirá ayudando al realojo y que no podrán entrar en sus casas hasta que aquello no se desescombre y apuntale, algo que el gobierno local ya ha exigido a la propiedad y que, si ésta no hace en 24 horas, acometerá de forma subsidiaria. Están citados de nuevo en el Ayuntamiento para la próxima semana.

Ayer, Gonzalo Pastor, de Administraciones Ortega, representante del usufructuario, indicaba que no asumirían el realojo porque entiende que "no es obligación", aunque sí los daños. Con respecto a las obras, están valorando la petición municipal aunque la constructora que suele trabajar para ellos les ha advertido del riesgo que supondría para sus trabajadores intervenir en la finca como está ahora para asegurarla y permitir que entren los vecinos.

Ayer, todas las partes implicadas se movieron. La Junta puso a disposición del Ayuntamiento cinco pisos de realojo. El Ayuntamiento se puso a disposición de los vecinos y emitió el correspondiente decreto. Y Obispado y el representante del usufructuario mantuvieron una reunión de la que salieron dos versiones. El Obispado quería que el usufructuario asumiera los gastos con su indemnización y solucionar el tema cuanto antes para que estos no subieran y los afectados tuvieran un techo. Según éste, quedaron en que hoy se le enviaría el testamento. Una abogada de la administración mostró su disconformidad con el precio de venta, que le parecía muy bajo. Entonces el Obispado le habría dicho que como usufructuario no tenía derechoa vender, y ella, que sí lo tenía a obstaculizar la venta.

Pastor niega esto último. Dice que el Obispado tiene el testamento por la tramitación de la venta de las otras fincas en la misma situación; que el convenio que firmaron Iglesia y Junta en 2005 no compromete a la venta, y que el usufructuario sólo espera que le llegue alguna oferta en firme, le da igual que sea de la Junta o no, aunque "no hay ninguna otra". Tampoco dispone, asegura, de la tasación. Según Pastor "no hay ningún inconveniente" por parte de su representado. "Para vender las otras dos fincas tardamos tres días", aseguró (según el Obispado, el usufructuario consiguió indeminzaciones por unos 60.000 euros y un piso). Estas casas habían sido legadas a otras dos órdenes religiosas y ahora están en manos de promotores.

También niega que ayer se negara a hablar con los vecinos e incluso le colgara el teléfono a uno de ellos, como dicen éstos.

"Por Dios, que se pongan de acuerdo, esto es inhumano", lamentaba en voz alta una de las vecinas que ahora no tiene casa.