La denominación de Ciudad de la Justicia posiblemente no encuentre adaptación más idónea que en el caso de Cádiz, cuyo desarrollo del proyecto bien parece que efectivamente se esté planteando la construcción de toda una nueva ciudad, a tenor de los plazos y dilaciones que conlleva cada paso que se da. O que no se da, que es lo peor. El trámite previo a las obras de rehabilitación y adaptación de los depósitos de tabaco sigue eternizándose, según las últimas informaciones trasladadas por la Junta de Andalucía. Y si hay que buscar culpables, se deben señalar a las dos administraciones implicadas, la local y la regional.

Por extraño que parezca, el Ayuntamiento no ha culminado aún el traspaso de documentación que necesita la tramitación previa de este proyecto. Y eso que fue en noviembre de 2020, hace ya casi un año, cuando el Pleno aprobó un trámite que ya de por sí acumulaba año y medio de retraso y que era fundamental: la cesión del suelo para que la Junta de Andalucía hiciera suyo el proyecto y pudiera ya plantear estudios, obras y asignaciones presupuestarias.

En concreto, desde la administración autonómica se señala que el Ayuntamiento aún debe entregar una cédula urbanística que ahora se le va a solicitar; así como el informe favorable de Urbanismo a la actuación pretendida; dos documentos que, al parecer, aún no se le ha requerido a la administración local.

En paralelo a estas tareas pendientes por parte del Ayuntamiento, la Junta sigue hoy en día elaborando el expediente que la Consejería de Justicia debe remitir al área de Patrimonio para que de su visto bueno. Un primer paso de una escalera de delegaciones y despachos que todavía tendrá que sortear el expediente de la Ciudad de la Justicia para su aprobación definitiva. Y es que, tal y como han trasladado desde la propia administración autonómica, cuando Patrimonio estudie el expediente (y apruebe su contenido) lo trasladará al Consejo de Gobierno, que será quien finalmente acepte la cesión de esos terrenos que el consejero Juan Marín y el alcalde José María González acordaron de manera definitiva en mayo de 2019.

Será en ese momento, una vez inscrita ya la parcela a nombre de la Junta de Andalucía, cuando pueda procederse a la licitación de las obras. Pero para ello se necesita la redacción de un proyecto básico y de ejecución, para lo que hay una partida consignada en los presupuestos (que también existió en 2020, cuando quedó sin utilizar) de 622.000 euros.

Eso sí, la Junta puntualiza que antes de poder desarrollar esos proyectos ya se está actuando sobre el terreno, realizando trabajos previos como el estudio geotécnico y el levantamiento de planos que deberán acompañar al proyecto de obras una vez la parcela que ocupará la Ciudad de la Justicia (de más de 20.000 euros valorados en 6,8 millones de euros que el Ayuntamiento cede a coste cero) sea inscrita a nombre de la Junta de Andalucía.

Con toda esta documentación aprobada y superada, será cuando la ansiada obra pueda salir a licitación, con el trámite que ello también conlleva y con un plazo de ejecución que se desconoce en la actualidad, aunque el avance presupuestario de la Junta de Andalucía fija una partida global de 2,2 millones de euros a desarrollar entre 2021 y 2025.

En cualquier caso, no será este año cuando comiencen esas obras, que en el mejor de los casos se iniciarían en 2022, coincidiendo con la rehabilitación de los depósitos que se destinarán a espacio sociocultural y de emprendimiento proyectado por el Ayuntamiento, con cargo a los fondos Feder.