La inquietud se codea con la confianza en el seno de la comunidad portuaria de la Bahía de Cádiz ante la incertidumbre creada por la noticia publicada ayer por este periódico sobre la paralización de las ayudas europeas para la obra de la nueva terminal de contenedores.

Emilio Medina, presidente de Apemar, colectivo que aglutina al empresariado con intereses en el puerto gaditano, se mostraba así ayer, inquieto a la vez que confiado por la noticia que desconocía y recibía a través dela prensa. Medina declaró que "confío en que todo esto se quede en una mera anécdota y en que se sopese la imperiosa necesidad que tiene el puerto de Cádiz de esa nueva infraestructura". Para el presidente de Apemar, de la nueva terminal de contenedores pende su "proyección de futuro" . A la vez se mostró "confiado" en que la gestión que lleva a cabo la Autoridad Portuaria dé los resultados esperados.

Emilio Medina se mostraba también seguro de que, "por fin, todas las administraciones se unirán y presionarán en Bruselas" con el único objetivo de conseguir que la obra del nuevo muelle siga adelante y quede a un lado la incógnita generada por la propia Comisión Europea.

Recordar que la UE ha solicitado a la APBC nueva documentación para, por fin, tomar una decisión sobre si cofinancia la obra o no. De esta decisión dependen 120 millones de euros, ya que a través de los fondos Feder llegarían 60 millones y, el resto, llegaría de la mano del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Este préstamo que se gestiona en el seno del organismo que vicepreside la exconsejera de la Junta, Magdalena Álvarez, va unido a los Feder, de manera que si falla uno de ellos, fallan los dos. Si esto ocurriera, el puerto de Cádiz no sólo se quedaría sin financiación sino que, además, tendría que devolver el dinero que ya se le ha adelantado.

El representante de los empresarios del puerto de Cádiz recuerda que "alguien le tendrá que reiterar a Bruselas que muchas empresas y muchos gaditanos dependen del desarrollo del puerto, ya sea directa o indirectamente". A su vez, Emilio Medina se mostró tranquilizado al leer que lo que le ocurre al puerto de Cádiz es una cuestión coyuntural y un cambio de criterios que afecta a un total de trece obras españolas que se están ya ejecutando con dinero de Europa.

Por su parte, el presidente de la APBC, Rafael Barra, afirma que las obras de la futura terminal de contenedores del puerto de Cádiz "siguen adelante y a su ritmo", a pesar de los nuevos requerimientos exigidos desde Bruselas. Desde la Unión Europea se le pide que demuestre que no son ayudas al Estado ni alteran el mercado interior, "algo que está bastante justificado", según Barra.

En declaraciones a EuropaPress, Barra explicó, confirmando todo lo publicado ayer por este periódico, que estas obras tienen aprobados fondos Feder por importe de 60,06 millones de euros en el marco 2007-13, prorrogadas con posterioridad dos años más. Precisó que de esa cantidad, la APBC ha recibido "casi cinco millones de euros de anticipos" y que, de acuerdo con la tasa de financiación, tendrán que recibir "ocho millones más".

Asegura el presidente de la APBC que la obra "sigue su ritmo" y que "no se ha parado nunca"; además de estar "cumpliendo" las obligaciones tributarias y haber pagado las certificaciones hasta el 30 de diciembre "al día", quedando pendiente únicamente la certificación de final del mes de enero que, según Barra, pagarán "el próximo mes". Al hilo, destaca que desde la propia UTE que realiza los trabajos, FCC y Acciona, han valorado la "formalidad" en los pagos "a 45 días" que realiza la entidad portuaria.

El problema radica para Barra en ese cambio de criterio que obliga ahora a justificar "obra a obra y proyecto a proyecto" que las ayudas europeas de cofinanciación "no son Ayudas de Estado ni alteran el libre comercio interior". Según añade Barra, sólo en España hay 13 proyectos en similar posición, entre ellos tres puertos: Cádiz, Punta Langosteira y Granadilla, y otros "muchos más" en Europa.

Por ello, la Comisión Europea ha establecido unos modelos analíticos para justificar lo anterior, que la APBC ya ha remitido a Puertos del Estado, "aunque el pasado lunes nos pidieron que matizáramos y aclaráramos parte de la misma". Rafael Barra calcula que el próximo lunes volverá a ser remitida a Puertos del Estado esta documentación "que se ha trabajado mucho, siguiendo el modelo analítico, para demostrar que las ayudas Feder no son ayudas al Estado ni alteran el comercio interior" y, por ello, espera que el asunto esté resuelto "en dos meses", el plazo máximo con el que cuenta Bruselas para contestar.

Según concluye Barra, la APBC cuenta con capacidad financiera "para aguantar hasta junio o julio", por eso incide en que si este asunto está resuelto a finales del mes de abril "no habrá ningún problema", aunque "nunca se sabe si Europa tendrá la decisión más tarde", agrega.