política municipal

La emergencia social del Cádiz excluido vuelve al Pleno

  • La sesión se salda con acusaciones de "prevaricación" y "nepotismo" por la Fundación de la Mujer, reproches por los servicios de playas y pocos acuerdos

Teófila Martínez y José María González, acompañando a la mujer a salir de la sala de plenos. Teófila Martínez y José María González, acompañando a la mujer a salir de la sala de plenos.

Teófila Martínez y José María González, acompañando a la mujer a salir de la sala de plenos. / Jesús Marín

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Como en plenos anteriores, la insuficiencia, el desbordamiento o directamente el colapso -póngase la medida donde corresponda- de los Servicios Sociales municipales a la hora de atender a ese Cádiz excluido -no de ahora, sino desde hace décadas-, volvió a ponerse en evidencia en la sesión de ayer. Justo cuando todavía no había arrancado el pleno, después de un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista, dos mujeres se acercaron al alcalde reprochándole entre gritos de desesperación que no las habían atendido y que él tampoco las había recibido. José María González las invitó a que recurrieran a los Servicios Sociales. Les contestaron que estaban hartas de que las mandasen de un sitio a otro. El alcalde bajó del sillón presidencial para tranquilizarlas. Pero una de ellas, que se ayudaba con una muleta, se tiró al suelo, presa de una fuerte crisis nerviosa. El propio regidor y varios policías locales acudieron en su ayuda, gesto al que se sumaron Teófila Martínez y la edil de Empleo, Laura Jiménez, que la acompañaron hasta fuera del salón de plenos. La concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, salió de la sala a interesarse por el caso.

Tristísimo comienzo de un pleno en el que, salvo una propuesta sobre la convocatoria urgente de la Mesa para la inclusión de personas sin Hogar, otra sobre alquileres sociales y la intervención puntual de Ana Fernández en algunos momentos, no se habló de lleno sobre la situación de alarmante emergencia social que subyace bajo el incidente.

Sólo hubo unanimidad en tres declaraciones institucionales y otros tres puntos de 24El Gobierno logra una medida para pagar a proveedores gracias al voto de Ciudadanos

Por lo demás, la bronca política no alcanzó los niveles de otras sesiones, pero hubo acusaciones de "nepotismo" y "prevaricación" contra el equipo de Gobierno por parte de Juan Manuel Pérez Dorao (Ciudadanos) y Mercedes Colombo (PP), respectivamente, a cuenta de su postura ante el nombramiento del gerente de la Fundación Municipal de la Mujer . También muchos reproches, algunos muy agresivos -sobre todo por parte de Ignacio Romaní y Juan José Ortiz desde la bancada popular- y pocos acuerdos en asuntos de gestión después de casi 12 horas.

Sólo se alcanzó la unanimidad en una adhesión al Protocolo General del Pacto Local contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz y la red que conlleva, en una declaración institucional por el reconocimiento de la honorabilidad de la Masonería gaditana (sic) y en otra de apoyo a la equiparación salarial de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas presentada por Ciudadanos. Esta última, con una modificación introducida por Podemos y Ganar Cádiz en Común con el fin de pedir que Jusapol entre en la mesa de negociación con el Gobierno.

Además, llegaron a acuerdo todos los grupos en el reconocimiento de una deuda de más de 340.000 euros -parece ser que nada menos que desde 2013- con la Fundación Márgenes y Vínculos, propuesta que presentó de nuevo el edil socialista José Pacheco.

También hubo unanimidad -con matices posibilistas por parte de David Navarro- respecto a la ambiciosa propuesta presentada por Juan Cantero (PSOE) de que Eléctrica de Cádiz se lance a la producción y distribución de energía a una nueva red que alimente la futura flota de coches eléctricos. Navarro recordó que ya hay aprobado un plan piloto y reprochó a los consejeros de EC no haberse enterado.

El Pleno también aprobó, con los votos a favor del equipo de Gobierno y de Ciudadanos y la abstención del PP y del PSOE, la propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos presentada por el Gobierno local. Se trata de la regularización de pequeñas facturas, la mayoría a proveedores, señaló el concejal de Economía.

Pero uno de los asuntos que generaron mayor debate fue el nombramiento del gerente de la Fundación Municipal de la Mujer por parte del consejo rector, con mayoría de la oposición. El equipo de Gobierno pretendía que se estimase un recurso de alzada contra ese nombramiento. Pero lo que salió adelante fue una enmienda de sustitución de la oposición: habrá que esperar a que concluya el plazo de alegaciones de los candidatos que quedaron fuera.

El otro fue la licitación y adjudicación de los servicios de limpieza de playas, asistencia sanitaria, salvamento y socorrismo y mantenimiento y limpieza de los módulos, propuesta popular que abrió el debate sobre la municipalización del servicio y del papel jugado por el PSOE, al que los concejales del PP criticaron su apoyo al equipo de Gobierno.

El portavoz socialista, Fran González, defendió el proceso, pero en fases, no de la manera que lo estaba ejecutando el equipo de Gobierno. De hecho, lo que se aprobó fue una enmienda de sustitución del PSOE en la que se pide la elaboración, por la vía de urgencia, de un pliego que garantice el servicio al menos durante un año, prorrogable a dos, un informe sobre los trámites y una convocatoria de urgencia para licitarlos y adjudicarlos.

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