El Tribunal Supremo ha estudiado este miércoles la condena del alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, por responsabilizar a la exalcaldesa Teófila Martínez y el exconcejal Ignacio Romaní de la distribución de agua contaminada durante días en el barrio de Loreto en 2014. Los jueces, con el magistrado Miguel Colmenero como ponente, han procedido a estudiar el recurso del regidor de Adelante Cádiz.

La Fiscalía ha reiterado la petición de que el alcalde de Cádiz sea absuelto, de manera que "lo que esperamos  es lo que espera el propio Fiscal del Tribunal Supremo, que ha sido rotundo en su exposición y se adherido a nuestra defensa, y lo que entendió la magistrada de primera instancia, que no es otra cosa que la absolución". Así se han expresado fuentes del entorno político y jurídico del propio Kichi.

A esto añaden el pleno convencimiento de que "todo lo que se expresó se encuentra dentro de la libertad de expresión y de una crítica política a una gestión de Teófila Martínez e Ignacio Romaní que fue pésima, insistimos, fue pésima y que tuvo a un barrio de Loreto y a sus vecinos y vecinas como víctimas y como quienes sufrieron verdaderamente esa pésima gestión".

Fueron varias las protestas protagonizadas por los vecinos del barrio de Loreto de Cádiz

Estas mismas fuentes, insisten en que existían análisis que invitaban a cortar el agua y "hubo una decisión política de no hacerlo". Y que "sabiendo de los resultados de esos informes no se le comunicó a la Junta de Andalucía tampoco. Eso se dijo entonces y eso se mantiene".

Es justo recordar que dos de los tres imputados, Manuel Bouza, exconcejal, y José Vicente Barcia, jefe de gabinete de alcaldía, ya han sido absueltos, de manera que sólo queda el alcalde, "que esperamos que sea absuelto" tras la reunión mantenida este miércoles por los representantes del Supremo: "No entenderíamos que fuera de otra manera".

Las fuentes que quisieron servir de portavoces del entorno político y jurídico de Kichi piden que se recuerde que "esto sólo es una más de las 15 denuncias que han puesto al alcalde y a integrantes del Equipo de Gobierno que llegamos a la alcaldía y que han quedado en nada. Es una estrategia de judicialización constante, de entorpecer, de intentar ganar en los tribunales lo que perdieron en las urnas y de amedrentar de alguna manera con la amenaza a la denuncia".

"Eso sí, espero que quienes se han dedicado durante estos años a llevar a los tribunales la vida diaria política de este Ayuntamiento asuman sus responsabilidades por la estrategia de acoso y derribo que llevan ejerciendo seis años", concluyen las fuentes consultadas.