Ante la gravedad de la situación para los arquitectos derivada del actual estado de alarma con motivo del COVID-19, el Colegio de Arquitectos de Cádiz ha enviado un comunicado en el que se hace eco de la falta de instrucciones del Gobierno sobre la paralización de la actividad en la rama de la construcción, por motivos previsiblemente económicos, lo que pone a la profesión en una delicada situación.

Isabel Suraña, decana del colegio gaditano, afirma que sin haber superado del todo la anterior crisis "es previsible que nuestro sector reciba un nuevo golpe causado por el COVID-19, tanto por motivos evidentes de salud como por las consecuencias económicas que nos arrastrarán indudablemente a una nueva y muy difícil situación".

En este sentido añade que "conscientes de nuestra responsabilidad como dirección facultativa y como coordinadores de seguridad y salud en las obras de construcción, desde el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) se difundió entre nuestros profesionales una serie de recomendaciones bajo el título 'Pautas de actuación de la dirección facultativa de las obras en curso de ejecución ante la situación de emergencia sanitaria creada por el COVID-19', al objeto de protocolizar las actuaciones de los arquitectos como figura de máxima responsabilidad en las obras que actualmente se encuentran en curso de ejecución".

Así que de momento se atienen a las recomendaciones redactadas desde la estructura colegial, "sin que hasta el momento tengamos amparo gubernamental en estos protocolos de actuación". Por esta razón, informa, se ha instado por parte de los colegios profesionales y de las asociaciones del sector de la construcción a las administraciones competentes a que se pronuncien al respecto.

Suraña asevera que "desde nuestro Colegio Provincial hemos iniciado y propiciado iniciativas en este sentido y elevado consultas propias y escritos de forma directa a los consejos de colegios profesionales autonómico y nacional". Y, por este motivo, "solicitamos urgentemente a nuestro Gobierno un protocolo único que nos permita, en aquellos casos que se indique, proceder a una paralización de aquellas obras que cumplan los requisitos de 'no urgencia", para de este modo amparar a los profesionales de este sector en aquellas implicaciones que esta decisión suponga en cuanto a las compensaciones y coberturas por enfermedad de los trabajadores afectados, la anulación de cláusulas contractuales por incumplimiento de plazos que conlleven ejecuciones de avales y garantías, y garantice cualquier condición que vele por la igualdad de derechos de todos los agentes y, sobre todo, de los coordinadores de seguridad y salud y directores de obras en todo el territorio nacional.