Lo primero que todos, o casi todos, pensaron cuando José María González dijo, a través de este diario, que no descartaba presentarse de nuevo a las elecciones municipales de 2023, es que incumplía su promesa de estar solo ocho años en el poder.

Centrarse en esta cuestión, casi como elemento exclusivo de esta decisión, resta valor al verdadero análisis que debería de acompañar a este anuncio, obviando la normalidad que supone que se cambie de opinión o se modifique nuestra valoración sobre aspectos de la vida sin que ello suponga un perjuicio para el resto de los ciudadanos. Siempre sin olvidar que el que toma este nuevo camino tiene un cargo político de relevancia, como es este el caso el de alcalde de Cádiz.

Es cierto que González se la ha buscado él solo. Su propuesta de los ocho años y no más ha sido repetida por él y los suyos por activa y por pasiva. Un compromiso como aquel de cobrar solo una parte de su sueldo como alcalde, limitándolo a lo que ya ganaba como profesor de instituto. Cuando lo lógico es recibir el salario que corresponde a la importancia de tu trabajo, en este caso ni más ni menos que el de alcalde de la ciudad, y a partir de ahí trabajar duro para que los vecinos mejoren a su vez su calidad de vida. Lo cierto es que, al final, cada uno es rehén de sus palabras y de sus compromisos.

Quiero creer que el ciudadano, cuando acuda a votar en las elecciones de 2023, en su balanza de pros y contra va a valorar más los compromisos que directamente afectan a la ciudad y no aquellos que tienen un carácter puramente mediático. Porque esas son las promesas que de verdad importan.

A González habrá que reclamarle en 2023, entre otras cosas, si Cádiz está mejor entonces que cuando llegó a la Alcaldía por primera vez en 2015.

Cada uno tiene su propia apreciación de la realidad. En 2015 Teófila Martínez dejó una ciudad en mucha mejor posición, en todos los aspectos, de la que se encontró en 1995. Y Carlos Díaz dejó ese año un Cádiz sustancialmente mejor de la capital destrozada y al borde de la quiebra que se él encontró en 1979.

José María González acumula ya cinco años largo de gobierno, ya tiene por lo tanto un listado de proyectos comprometidos en 2015 que se han cumplido o no. Los que hayan podido salir adelante, se los puede apuntar ya; los que no, tiene por delante dos años complicados para ejecutarlos. Porque estas sí serán las promesas importantes, cuyo cumplimiento le podrá exigir el electorado.

Él, y los suyos, llegaron con la defensa de la regeneración de la clase política, con la defensa de los trabajadores, con el compromiso por la promoción de la vivienda pública, anunciaron el retorno de quienes habían tenido que abandonar Cádiz al no tener un empleo o una casa digna, apostaron por la municipalización de los servicios municipales, defendieron la ciudad sostenible y la recuperación del medio ambiente, la ciudad de las industrias limpias...

Le dieron, recién llegados, la vuelta al Ayuntamiento y, en la mayor parte de los casos, se estrellaron y aún hoy no se han recuperado, y a veces parece como si no quisieran hacerlo, del golpe que se dieron al desmantelar la gestión de la administración local.

A parte de ello la ciudadanía le puso nota en 2019 y le dio un triunfo claro en las urnas, casi al borde de la mayoría absoluta.

Pero ahora, sin duda, le queda lo más difícil.

Por lo pronto, el examen será ya a ocho años de gestión. Un tiempo suficiente para cumplir las promesas. Al fin y al cabo era el periodo que Kichi consideraba adecuado para estar en el poder. Más allá de su carisma y su capacidad de conexión con la calle, tendrá que ofrecer realidades. Carisma ya tenían, y mucha, Carlos Díaz y Teófila Martínez, y ello no les evitó pasar por el exigente examen del gaditano.

Y no lo va a tener fácil. Se escuda González en que la pandemia del coronavirus ha trastocado todo. Primero nuestra vida. Más a los han sufrido pérdidas familiares. Y al resto, por la pérdida del puesto de trabajo o la merma de su calidad laboral, o por la incidencia negativa en su educación, en su estado anímico, en su familia.

La pandemia ha paralizado la ciudad desde marzo y lo que aún puede quedar que no va a ser poco, ha supuesto una ruptura brusca en la recuperación en la que estábamos metidos (que venía de antes de la llegada de la coalición de izquierda, porque aspectos como el turismo y el comercio ya estaban al alza en la última etapa del gobierno del PP, conviene no olvidarlo), y ha hecho añicos los planes de gobierno que para el 2020 podían tener González y los suyos.

El año próximo será igualmente complicado, salvo que las administraciones de la Junta y el Estado asuman la necesidad de ayudar, de una vez por todas, a esta ciudad. Hay que tener en cuenta que el gobierno local se ha quedado solo. No tiene conexión directa con la Junta del PP y no tiene conexión alguna con el gobierno central del PSOE-Podemos. Más aún, con esta última fuerza ha entrado en un conflicto sangriento que aún le quedan muchos capítulos por delante.

Habrá que ver cómo afectará a todo ello la capacidad de González y los suyos para cumplir con las promesas que en su día hizo y aún tiene que cumplir. Porque muchas tienen un componente financiero que, hoy por hoy, el Ayuntamiento es incapaz de afrontar. Y ni el PP en Sevilla ni el PSOE, y menos Podemos, en Madrid les van a facilitar las cosas.